No escribo esta columna como integrante de AthenaLab o concejal por Las Condes. Tampoco lo hago como militante de RN. Lo hago simplemente como un oficial en retiro de las Fuerzas Armadas que ve con profunda preocupación cómo avanza el tiempo sin que existan soluciones al tema de los indultos y de las conmutaciones de penas. Mientras tanto, los viejos soldados y policías se siguen muriendo en Punta Peuco y Colina 1, más otros penales, y no veo señales de cristiana misericordia respecto de ello a pesar de ser este un gobierno con una clara identificación Cristiana Católica Romana. Uno por el cual votó varios o casi todos de los que van a leer esta columna.
También estoy preocupado porque recientemente nuestro querido cardenal Chomali se confundió en algunas entrevistas. Al parecer después de sus equivocaciones decidió optar por el silencio de los religiosos de claustro, más me hubiera gustado que indicara «me equivoqué» y pidiera perdón, algo que no sólo se predica, sino también se práctica. Aspecto en que la máxima autoridad Católica debería liderar con el ejemplo. Independiente de todo ello, al cardenal Chomali igual lo queremos y goza de nuestra simpatía.
Dejando de lado el desafortunado lapsus del cardenal, cuesta entender por qué algo tan simple como conmutaciones de penas cuesta tanto sacar adelante. Reconozco que se podría estar dando un mejor trato al interior de los penales ocupados por los militares y policías del 73, pero entendiendo que son todos viejos, y que por ningún lado se les puede considerar un peligro a la sociedad, no veo problemas para que terminen sus días en sus casas junto a sus familias, al cuidado de ellas, cuidados que es difícil se les dé en los penales.
Hablo de dar prioridad a la conmutación de penas por sobre la búsqueda de indultos ya que eso implica meterse en el fondo de un tema que genera profundas discusiones que después de más de 50 años aún no somos capaces de resolver. Por un lado, tenemos a quienes dicen buscar justicia, pero que tiene más cara de venganza, y, por otro lado, a los que están presos o en procesos judiciales aún abiertos bajo el sistema judicial antiguo. A los primeros les da lo mismo que mueran en la cárcel, mientras que la gran mayoría de los segundos están pagando los platos rotos simplemente por haber sido oficiales, suboficiales, soldados, marinos, aviadores y policías en la época del 73. Claro que los puede haber quienes efectivamente merecen estar presos, pero eso sólo aplica a unos pocos. El pedirles arrepentimiento como condición para los indultos es no entender que sus procesos fueron poco prolijos por decir lo menos o que no es a ellos a quienes hay que pedirles que lo hagan. Ya Cheyre en habló en el 2004 como CJE y eso se suponía era el punto final.
En las campañas políticas más recientes los candidatos más afines a la derecha han prometido acción respecto del tema, pero como que les cuesta avanzar. No sé si es por miedo a la izquierda o por otras prioridades. El resultado actual es que después de más de seis meses no hay avances. Así como van las cosas veo una fuerte desafectación en el mundo militar retirado con el actual gobierno por falta de cumplimiento de promesas de campaña. Se sienten igual de traicionados que lo sintieron en su minuto con los gobiernos de Sebastián Piñera y lo único que se está logrando es enviarlos directo a las manos de políticos que ellos sienten que aún los valoran, o bien a la creación de un movimiento militar independiente que cuide de sus intereses, ya que después de la falta de acción actual perdieron la inocencia en esta materia.
También se echa de menos acciones más claras por parte del ministerio de Justicia y Derechos Humanos relativas a los que están presos por defendernos a fines del 2019 frente al mal llamado “Estallido Social”. Para ellos aplica el indulto y nada más. Robledo y otros soldados y policías aún esperan que se les aplique la justicia que para ellos ha sido esquiva, una en donde se les ha desconocido su condición militar-policial.
Hay que gobernar y actuar por principios más que basados en cálculos políticos por muy justificados que sean. El concepto de la derecha cobarde puede tener aplicación más amplia que la comúnmente aceptada.
Muy de acuerdo.
Gonzalo Ibáñez S.M.
Así es, concuerdo con lo expuesto y encuentro lamentable e injustificable la tardanza. Apoyarán los que se sabe que siempre apoyan, reclamarán los mismos de siempre y serán ni fu ni fa, los que estructuralmente son y han sido siempre así.
La misericordia hacia presos ancianos es discutible; la inocencia colectiva, no presumible. Kouyoumdjian afirma que “la gran mayoría” está presa simplemente por haber sido uniformada, que sus procesos fueron deficientes y que solo “unos pocos” merecen prisión. Son afirmaciones enormes sin evidencia presentada en la columna.
Luego llama “venganza” al cumplimiento de condenas, sustituyendo demostración jurídica por descalificación moral.
Si hubo condenas injustas, corresponde probarlo caso a caso.
La edad puede fundamentar clemencia; no reescribe los hechos ni convierte una condena en injusta.
Excelente columna Richard, felicitaciones. Creo que nos interpreta a miles.
Todos los condenados de Punta Peuco han sido juzgados por el antiguo sistema inquisitivo en lugar del sistema acusatorio, donde las funciones de investigar, procesar y dictar sentencias están divididas.
En el sistema antiguo, el juez cumplía las tres funciones, y esto ha llevado a que se hayan dictado sentencias condenando a inocentes, por el solo hecho de «pertenecer a un ejército violador de DDHH». ¿Es eso justicia?
Adicionalmente, el artículo 482 del Código Procesal Penal cubre al condenado que cae en enajenación mental después de la sentencia como por ejemplo, una demencia avanzada que le impide reconocer quién es. El tribunal, oyendo al fiscal y al defensor, puede resolver que no se cumpla la pena de cárcel.
En su lugar, el tribunal ordena una medida de seguridad: internación en un recinto de salud o custodia y tratamiento, por ejemplo, a cargo de la familia.
¿Cuál sería el peligro para la sociedad de un anciano de 80 o 90 años que ni siquiera sabe como se llama y tampoco donde está que cumpla su sentencia en su hogar, que tampoco sabrá reconocer, a cargo de su familia?
Sobre este tema y en relación con la disposición manifestada por el presidente Kast para otorgar “indultos humanitarios”, me parece que una razón humanitaria para otorgarlos solo permitiría liberar a algunos ancianos con graves enfermedades, que no controlan esfínteres y que no saben ni en qué mundo viven.
Pienso que la razón para otorgar los indultos debería ser la de corregir errores judiciales y para dejar sin efecto penas establecidas en sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes.
Ningún militar o policía debe estar preso, independientemente de su edad o de sus condiciones de salud, pues todos ellos —absolutamente todos— o son inocentes o están libres de culpa o están exentos de responsabilidad penal; razón por la que todos deben ser indultados.
A todos ellos les fue vulnerada la garantía constitucional de igualdad ante la ley y el derecho humano a un debido proceso penal. A todos ellos les fue aplicado el antiguo sistema de procedimiento penal inquisitivo; que le veda a los imputados el derecho a una adecuada defensa, a un juicio justo y a ser juzgados por un tribunal imparcial.
Son cientos los militares y carabineros inocentes que han sido condenados por un crimen que no han cometido; la gran mayoría por una ficción jurídica denominada “secuestro permanente”, sin prueba alguna que lo acredite.
Las amnistías y los indultos son medidas de pacificación después de ocurridos graves conflictos políticos y sociales; medidas que han sido utilizadas profusamente en Chile y que no están prohibidas ni por leyes internas ni por tratado internacional alguno —como aseguran magistrados de los tribunales superiores de justicia en sus sentencia e, incluso, exministros de justicia— pues ello significaría prohibir el perdón entre hermanos.
Sobre la situación en comento recomiendo la lectura del libro «CASTIGOS SIN LEY Y JUICIOS SIN GARANTÍAS. Violación a los Derechos Humanos en los juicios a militares», de Jorge Montero Mujica, Verbum Liberum, julio 2026; así como un libro de mi autoría, titulado «PREVARICATO. La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo», Editorial Conservadora, marzo 2026.
ADOLFO PAÚL LATORRE
Abogado
Muy buen artículo de Richard Kouyoumdjian, ya basta de dilatar una solución a personas injustamente juzgadas, ancianas y sin responsabilidades en las ficciones jurídicas aplicadas en la mayoría de los casos, también hay que ser consecuentes con las injusticias ocurridas durante el estallido delincuencial El gobierno no debe seguir esperando ni calculando cuándo satisfacer a la izquierda que solo guarda odio
Muy de acuerdo con la columna y todas las opiniones vertidas.
Es un vergüenza suprema que aún el gobierno no resuelva este tema que “ nuestro presidente “ aún lo mantiene pendiente, miedo a la izquierda, como dice don Richard o aquello de la “ derechita cobarde “ se estaría ampliando.
Concuerdo absolutamente. Ya es tiempo de proceder sin miedo a la izquierda. La izquierda siempre se opondrá a cualquier cosa, ya que es el fundamento de su ideología.
Estimados, les agradezco a todos sus comentarios.
Saludos, R
Como ex miembro del Gobierno Militar y estar consciente del padecimiento de mis camaradas de arma, no puedo menos que estar de acuerdo con todas las observaciones antes citada, porque las viví y tuve la suerte de tener otras responsabilidades que impidieron ser uno más de los que sufren este calvario. Lo que no logro compender aún más, es el hecho que, a la fecha entre los 400 o más detenidos, se encuentran 10 ex soldados conscriptos que en aquellos años eran menores de edad y el Estado los obligó a cumplir con la Ley del Servicio Militar Obligatorio, lo que es un absurdo y no haya sido entendido por ningún juez o magistrado de los altos tribuanales. Mañana se entrega una carta suscrita por 1700 adherentes al Cardenal y de no mediar un respuesta, muchos católicos pensamos recurrir al Papa a través del Nuncio Apostólico