Los buenos resultados alcanzados por el gobierno durante la semana -la aprobación en primer trámite de la Ley Escuelas Protegidas, el acuerdo con el Partido de la Gente que garantiza la aprobación de la idea de legislar para la Ley de Reconstrucción– llevaron mis diálogos peripatéticos con el filósofo Chacón -peripatéticos porque caminamos hasta la estación del Metro, mientras él habla y yo escucho- a la comparación entre los estilos de negociación de la Concertación de Partidos por la Democracia y el del actual gobierno. El filósofo asegura que las diferencias entre ambas revelan concepciones distintas sobre la política, el adversario y la posibilidad misma de construir acuerdos duraderos. Y yo no puedo más que estar de acuerdo con mi enciclopédico amigo. Veamos por qué.
Durante los gobiernos de la Concertación, especialmente en sus primeros años, se consolidó una forma de hacer política marcada por la búsqueda de entendimientos. La expresión “en la medida de lo posible” de Patricio Aylwin, que he citado innumerables veces en este espacio, no fue simplemente un reconocimiento de límites impuestos por la transición. Implicaba reconocer restricciones heredadas del régimen militar, desde luego, pero principalmente comprender que la estabilidad democrática depende de la construcción de mayorías amplias.
Ese principio significó, en la práctica de aquellos años, que la negociación no se concibiera como un choque entre posiciones irreductibles, sino como un proceso continuo de aproximación. Más que negociaciones formales, lo que guio el comportamiento de quienes tuvimos alguna responsabilidad política entonces fue la existencia de instancias de diálogo previo -verdaderas “prenegociaciones”- que permitían que los proyectos de ley ingresaran al Congreso con niveles significativos de consenso. Esto reducía la incertidumbre legislativa y, sobre todo, reforzaba la idea de que el sistema político puede, si así nos lo proponemos, producir acuerdos aceptables para todos.
Ese estilo descansaba sobre un supuesto fundamental: la existencia de un “bien común” que se expresa en el consenso y puede ser identificado mediante el diálogo, y permitió superar situaciones como la que se presentó durante el gobierno de Ricardo Lagos, cuando se reveló que funcionarios públicos recibían pagos adicionales a sus salarios legales para compensar remuneraciones consideradas bajas. El tema llevó a generar rumores de una acusación constitucional contra el Presidente de la República, algo que hoy es casi trivial, pero que entonces parecía catastrófico. La situación se superó con un acuerdo alcanzado entre el líder de la oposición Pablo Longueira entonces presidente de la UDI y el ministro del Interior del gobierno del Presidente Lagos, José Miguel Insulza, que permitió modernizar el Estado y asegurar la transparencia. Y también permitió superar la situación producida en vísperas de la elección parlamentaria de 2001, cuando el Partido Demócrata Cristiano no entregó correctamente la documentación necesaria para inscribir sus candidatos. Esto implicaba que gran parte de los candidatos a diputados y senadores de la DC quedarían fuera de la elección y dejaba a ese partido -entonces el principal de la coalición de gobierno- prácticamente sin representación parlamentaria. Ante esta situación, el gobierno del Presidente Lagos envió un proyecto de ley con carácter de urgencia para reabrir el plazo de inscripción por un breve periodo, el que fue aprobado gracias al respaldo de la oposición de la época (Alianza por Chile) y permitió que la DC regularizara sus candidaturas y compitiera en las elecciones.
Nada de eso sería posible hoy, en el clima de “aquí te pillo aquí te mato” que propicia la actual polarización. En las dos situaciones descritas, la oposición se avino a resolver un problema que afectaba directamente a su adversario, porque era consciente de que su caída significaría en el primer caso una situación de caos en el orden institucional y, en el segundo, una severa distorsión del orden democrático. Y ese clima no había surgido de la nada, sino que fue construido conscientemente merced a un estilo de negociación que hoy, a la luz de lo expuesto durante el primer mes de su ejercicio, parece estar ausente del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Lo que ha ocurrido durante ese primer mes lleva a pensar que la negociación tiende, para este gobierno, a plantearse más bien como una confrontación entre posiciones que se perciben como esencialmente incompatibles.
El estilo mostrado por el gobierno -particularmente por algunos de sus ministros- parece asumir que la posición propia encarna, si no la verdad absoluta, al menos la única opción legítima o la más inteligente o la única moralmente valiosa. Desde esa perspectiva, ceder implica una renuncia a principios más que un avance hacia un acuerdo superior. Las consecuencias de este estilo son significativas pues los acuerdos, cuando se logran, suelen ser percibidos como imposiciones o como arreglos transaccionales de corto plazo más que como soluciones ampliamente legitimadas. Y, en ese marco, esos acuerdos pueden durar lo que se demora en llegar un nuevo gobierno de signo contrario.
Pero, como quiera que sea, el hecho es, como señalé al comenzar, que el gobierno parece estar anotándose éxitos con ese estilo. Esa, sin duda, es una buena noticia para el gobierno, pero el filósofo Chacón opina, y yo estoy de acuerdo con él, que puede llegar a ser una mala noticia para sus seguidores, para los inversionistas a los que se les quiere dar seguridad jurídica y para el país en ge neral si llega a convertirse en una estrategia permanente. Significaría no darse cuenta de lo frágiles que pueden llegar a ser medidas alcanzadas gracias a votos “pirquiniados” en el margen, o merced a acuerdos con partidos que expresan estados de ánimo esporádicos o que responden casi exclusivamente a los intereses de un caudillo (cualidades ambas que probablemente definan al Partido de la Gente). Una práctica que, de consolidarse, podría servir de orientación a un futuro gobierno de signo opuesto al actual, que siguiera su ejemplo y utilizara el mismo modelo para derribar todo lo que éste haya alcanzado gracias a la aplicación del estilo que ha lucido hasta ahora.
Claro está que alcanzar acuerdos más sólidos con partidos de oposición respaldados por ideologías e historias, exige de éstos la voluntad de concurrir a esos acuerdos. Y eso es algo que no ha ocurrido hasta ahora. Los partidos que constituyeron la Concertación de Partidos por la Democracia, lejos de mostrar interés por concurrir a una reflexión con el gobierno que condujera a soluciones consensuadas, se cerraron totalmente a la discusión refugiándose en consignas casi infantiles (“es una ley que favorece sólo a los ricos y castiga a los pobres”) explicables en el Partido Comunista que acaba de reverdecer los laureles de su leninismo y en consecuencia su indisposición a todo diálogo, pero no de partidos como el Socialista, el PPD o la Democracia Cristiana, que hicieron de ese diálogo la base de sus propios gobiernos.
Esta última constatación llevó a que el final de mi coloquio peripatético con el filósofo Chacón -habíamos llegado a la estación- fuese más bien amargo, pues constatamos que partidos a los que admiramos y respetamos por su historia, no sólo no habían sido capaces de negociar, sino que seguían insistiendo en negarse a la posibilidad de acuerdos incluso en el trámite legislativo, al presentar reservas de constitucionalidad y anunciar que recurrirán al Tribunal Constitucional para impedirlo. Con ello, pensamos, están cavando su propia tumba, sin darse cuenta de que no hacen más que alimentar a quien puede ser su némesis, Franco Parisi, al que con su obcecación opositora ya proyectaron al centro del escenario político que pudieron ocupar ellos.
