La reforma de pensiones del Presidente Boric no es una reforma de pensiones, es en realidad un alza de impuestos encubierta. En primer lugar, porque 4 de los 6 puntos extra de cotizaciones no se destinarán a las cuentas de los trabajadores, sino que a un fondo común. En segundo lugar, porque el gobierno pretende costear con los fondos que se recauden por dicho concepto, políticas públicas que deben solventarse con impuestos generales, como el IVA que todos pagamos o el impuesto a la renta, ya que precisamente para eso son los impuestos que nos cobran periódicamente.
El gobierno ha tratado de instalar como una propuesta atractiva que parte de los puntos adicionales de cotizaciones se destinen a financiar redes de apoyo al cuidado que permitan a madres o padres con hijos bajo su custodia, no abandonar el mundo laboral, como la sala cuna. Sin embargo, para costear este tipo de políticas públicas el gobierno debería terminar con la evasión al Transantiago, finiquitar los programas públicos mal evaluados, impedir las asignaciones directas a fundaciones truchas, acabar con las abultadas “horas extras” en municipalidades y otros servicios estatales o negarse a condonar el CAE.
En efecto, es claro que para el gobierno de Boric es más importante hacer engordar la caja estatal para disponerla a su arbitrio que mejorar las pensiones. De lo contrario, no aspiraría a quitarle más plata a los chilenos contra su voluntad, sino que recurriría a los recursos que se hacen agua dentro del Estado y no a las cotizaciones de propiedad de los trabajadores.
De acuerdo con la encuesta Cadem de octubre de 2023, el 58% de los encuestados prefiere que el 6% de cotizaciones adicionales vayan en su totalidad a las cuentas individuales de los trabajadores. Adicionalmente, la encuesta mencionada nos revela que para el 90% de los chilenos es importante que los fondos sean de propiedad del trabajador y heredables, así como también mantener la libertad de elegir entre un administrador estatal o uno privado.
Ambos resultados son razones culturales importantes para que la derecha chilena no ceda ni un ápice frente al gobierno en este punto clave del proyecto político de quienes -en teoría- defienden las ideas de la libertad, ya que, primero, se encuentra en plena concordancia con las aspiraciones ciudadanas y, segundo, porque resguardar que el 6% de cotizaciones adicionales vaya a las cuentas individuales es positivo para los trabajadores chilenos. Una alternativa intermedia podría ser que las personas definan qué hacer con el 6% extra: todo para su cuenta individual, todo para el Estado o una formula mixta.
Es urgente avanzar en materia de pensiones, salud, seguridad, vivienda y educación. Pero, en materia de pensiones, debemos tener presente que el principal objetivo es aumentar las pensiones de manera sustentable, responsable y a largo plazo, por tanto, es imperativo estar abiertos a todas las nuevas ideas que permitan mejorarlas, siempre que respeten los principios fundamentales de nuestro sistema, como lo son la propiedad, la libertad y la responsabilidad individual, todos ellos fuertemente respaldados por la gran mayoría de la ciudadanía.
En términos más concretos, es una muy buena idea, por ejemplo, la cotización o ahorro previsional vía consumo, así como también establecer incentivos para que quienes tengan ingresos, con independencia de su situación laboral, coticen. También debemos mejorar la Pensión Garantizada Universal y aumentar la tasa de cotización obligatoria con flexibilidad, es decir, con la posibilidad de que existan tasas de cotización diferenciadas para, por ejemplo, las empresas pequeñas y medianas, ya que no es positivo que el aumento de la cotización constituya al final del día una barrera a la contratación por parte de las empresas que no cuentan con la espalda financiera para poder hacerlo.
Por último, es súper relevante mencionar que los trabajadores de ingresos medios han estado ocultos en el debate previsional planteado por el gobierno, a pesar de que son uno de los grupos más perjudicados, ya que la reforma propone que sean ellos los que financien mejorar las pensiones de los actuales jubilados y de los futuros jubilados de menos sueldos, lo que les llevará a ellos a obtener peores pensiones en el futuro, transformando el sistema en uno que socava los incentivos idóneos para promover un mayor ahorro, instalando los incorrectos. Es decir, la pregunta que se abre con la propuesta del gobierno es: ¿para qué voy ahorrar si cuando no ahorro puedo obtener una mejor pensión?
Los políticos deben comprender que uno de los objetivos más importantes de la política es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y en esto la oportunidad, el momento preciso y la velocidad son súper importantes. 15 años de atraso para mejorar el sistema de pensiones es un exceso intolerable que debe interpelar al gobierno y avergonzar a la política. No hay excusa que valga.
Muy de acuerdo. Lo que echo de menos en la discusión pública es que se indique el efecto adicional de cada punto en la pensión a obtener a fin de que no se pierda de vista que el foco o primera prioridad es aumentarla.