La discusión sobre eliminar o al menos revisar las contribuciones de bienes raíces para los mayores de 65 años no es un capricho, sino una exigencia de coherencia y respeto a principios tributarios como la capacidad contributiva y la no confiscatoriedad.
La capacidad contributiva exige que los impuestos recaigan sobre manifestaciones efectivas de riqueza o ingreso disponible. La propiedad inmobiliaria, especialmente sobre la primera vivienda, no expresa necesariamente liquidez ni renta real. El avalúo fiscal puede incrementarse por razones exógenas —como plusvalía del entorno, expansión urbana o cambios normativos— sin que ello implique renta real para su dueño.
El problema es más evidente al observar la composición estadística. En el decil de mayores ingresos conviven realidades muy distintas: hogares que apenas superan el umbral y otros de muy altos ingresos. Estas categorías no capturan la heterogeneidad de cada grupo. Una pareja jubilada que sólo cuenta con sus pensiones puede figurar en el tramo superior, pero enfrentar gastos significativos, por ejemplo en tratamientos médicos y remedios, de manera que su capacidad efectiva de pago se asemeja más a segmentos medios. Si además adquirió su vivienda en zonas cuya plusvalía se disparó, el reavalúo puede convertir las contribuciones en una carga desproporcionada.
Un segundo principio es evitar la doble tributación. La vivienda fue adquirida con ingresos ya gravados con impuesto a la renta. En caso de herencia, quedará afecta al tributo sucesorio; y, en caso de venta, eventualmente al impuesto a la ganancia de capital. Gravar la propiedad de manera indefinida tensiona el criterio de no confiscatoriedad, especialmente cuando no guarda proporción con los ingresos líquidos.
Es cierto que este impuesto patrimonial tiene una larga tradición en Chile. Pero su lógica original respondía a una estructura económica donde la propiedad inmueble era uno de los indicadores más visibles y estables de riqueza. Y en un país con limitada capacidad de fiscalización de la renta, gravar la tierra y las edificaciones era más eficiente y permitía asegurar ingresos fiscales previsibles.
La estructura impositiva del siglo XXI es más compleja y amplia que la que justificó este gravamen. Hoy el Estado grava renta del trabajo y del capital, consumo, utilidades empresariales, ganancias de capital y sucesión hereditaria. La continuidad de este impuesto exige revisión periódica a la luz de cambios demográficos y económicos ineludibles.
Chile envejece aceleradamente, cada vez más personas mayores tienen como único patrimonio su vivienda y disponen de ingresos fijos o decrecientes. En este contexto, la permanencia de las contribuciones sobre la vivienda principal opera, en la práctica, como un incentivo a vender o a endeudarse para mantenerla. Muchos países han introducido exenciones parciales, topes vinculados a ingresos o mecanismos de diferimiento para adultos mayores para evitar la desalineación entre patrimonio y liquidez.
El debate, entonces, no es entre “ricos” y “pobres”, sino sobre la necesidad de construir un sistema tributario moderno y justo, caracterizado por su coherencia, no confiscatoriedad y respeto de la capacidad real de pago. Revisar el tratamiento de la vivienda principal —al menos para adultos mayores— permitiría avanzar en esa dirección.
Y si se requieren compensaciones fiscales, pues entonces debiera privilegiarse una revisión integral del gasto público y de aquellas áreas donde existe “fraude social” o donde la eficiencia puede mejorar. La Contraloría podría aportar mucho a identificarlas, como lo ilustran los recientes hallazgos de gastos superfluos y excesivamente desproporcionados en celebraciones municipales.
