La envergadura del desafío soberanista planteado por Cataluña al Estado español es enorme. Al igual que en los casos de Quebec en Canadá y de Escocia en Reino Unido, el planteamiento independentista liderado por el Presidente del Gobierno catalán, Artur Mas, deja en evidencia el complejo problema al que se ven sometidos los estados en los que conviven diversas fuerzas nacionalistas. Hoy no puede sino reconocerse que España ha fracasado en dar una respuesta satisfactoria a las demandas de autonomía del pueblo catalán.
La complejidad del asunto reside en su propia naturaleza, la que impide que sea simplemente la ingeniería constitucional la que sirva de respuesta. La experiencia comparada ha mostrado que las aspiraciones por mayor autonomía, o directa secesión, requieren para su solución no solamente de encajes jurídicos, sino de la existencia de un sistema político al que le sea reconocida cierta legitimidad, produciéndose una interacción entre la primacía del derecho y el principio democrático.
El argumento más potente de la coalición de partidos que apoya la consulta en Cataluña se fragua precisamente en esta idea. La defensa del derecho a decidir (punto central de la reclamación) se sustenta en una directa apelación a la legitimidad democrática del sistema político español. En un cuestionamiento a la incapacidad que éste ha demostrado para dar adecuada respuesta política el problema. Entre otras cosas, cerrando la puerta a la posibilidad de participar en la definición de un demos, cuya existencia además, se niega por anticipado.
La resolución del Tribunal Constitucional (TC) que el pasado lunes suspendió la realización de la consulta (no vinculante) sobre independencia, y también de manera cautelar la ley catalana de consultas (cuyo objetivo supera la del 9N), cristalizó de manera insoslayable las tensiones con que ha arremetido la demanda catalana por soberanía. Una aspiración creciente y que encuentra su más reciente antecedente en la aprobación del Estatuto Catalán de 2006. Más de 200 artículos de dicha normativa fueron recurridos ante el TC por el Partido Popular (PP), lo que derivó en una contundente sentencia del tribunal en 2010, que recortó competencias consideradas fundamentales para el autogobierno de Cataluña, además de estimar que carecían de eficacia jurídica las referencias que el preámbulo hace a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña.
La ciudadanía ha vuelto a manifestarse reiterada y masivamente, superando incluso las grandes concentraciones que se dieron lugar en 2006 en el marco de las negociaciones del Estatuto, bajo el lema de “Somos una nación y tenemos el derecho a decidir”. A la par que los estudios de opinión pública en Catalunya dan cuenta de una sostenida tendencia al alza en el apoyo a la causa independentista. Es por ello que no extraña que miles de catalanes se hayan volcado este martes frente al edificio de la Generalitat en Barcelona, acompañados de banderas independentistas y al coro de “¡Queremos votar! ¡Ahora es la hora!”, en respuesta al fallo del TC que suspendió la consulta.
Incertidumbre es lo que parece describir de mejor manera el escenario actual en Cataluña y España. La pregunta que muchos se hacen es ¿Y ahora qué? Y es que no sólo se ha atizado el debate entre el Gobierno central y el de la Generalitat, sino que también ha devenido en divergencias entre el gobernante Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), respecto de la mejor fórmula para alcanzar una salida a la demanda catalana. Así como en una intensa discusión entre los dos partidos que se disputan el liderazgo electoral en Cataluña, Convergencia y Unión (CiU) –al que pertenece el Presidente del gobierno- e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), respecto de qué pasos tomar hacia adelante.
De no levantarse la suspensión de la consulta, es probable que el Gobierno de Cataluña opte por convocar a elecciones anticipadas, con la abierta intención de constituirlas en un plebiscito sobre la independencia. Llegados a este punto, no resulta fácil advertir el rumbo que pueden tomar los acontecimientos. Sin embargo, lo que no parece tener dos lecturas es que para el Estado español hacerse cargo del asunto con perspectiva política es un imperativo. Incluso para los defensores de la España unida, aferrarse a tecnicismos jurídicos o ampararse inflexiblemente en la Constitución puede resultar contraproducente.
Tras la vía política llevada adelante por Reino Unido para hacer frente a las aspiraciones secesionistas de Escocia, no es imaginable que la demanda por mayor autonomía o directa independencia puedan manejarse de la misma forma que se ha hecho hasta ahora. Reino Unido en Europa fijó un modelo, fundado en la negociación política y el reconocimiento. No parece posible ahora desandar ese camino.
Lorena Recabarren, Cientista Político.
FOTO: HANS SCOTT /AGENCIAUNO