No pocos se preguntan si acaso estamos viviendo un ciclo político marcado a fuego por el 18 de octubre de 2019 y el proceso constitucional, y que como tal daría paso a otro que dejará atrás la violencia y la polarización política, o si, en cambio, el país ha iniciado un declive suave pero persistente, hasta dar en el suelo con la aspiración de país desarrollado que albergamos hasta no hace mucho.
Si fuera lo primero, es decir, que estamos asistiendo a un ciclo político que ha de cerrarse más pronto que tarde, sería cosa de esperar a una próxima vuelta de tuerca para ver recuperarse la gobernabilidad y, sobre todo, la confianza y la sabiduría política, virtudes que se han desvanecido en estos años de anomia y desmesura.
De ser efectivo que nos encontramos en el medio de un ciclo, cuya singularidad no tiene cómo repetirse –estallidos sociales como el de 2019 no son de frecuente ocurrencia, ni mucho menos la dictación de una nueva constitución–, su término sería cosa de tiempo. Aprobadas la nueva Carta Fundamental en 2022 y las leyes orgánicas que le darán vida, podría creerse que sobrevendrá un nuevo período cuyo sello sería –tendría que ser– la recuperación de la senda de la prosperidad, de la mano del crecimiento económico. Estos años de desvarío, sobre todo de la política, no serían otra cosa entonces que un paréntesis, una crisis de crecimiento, que una vez superados nos encontraría listos –flamante Constitución mediante– para retomar el rumbo perdido.
Que así sea es, por cierto, una posibilidad. Qué más quisiéramos. Pero existe una alternativa mucho menos luminosa: la del declive, a la argentina, que lastimosamente asoma como un futuro plausible. En este caso no se trataría de un ciclo intenso pero fugaz, sino que de un período largo –¿30 años se preguntará Ud.?– en el que la economía se torna paulatinamente deficitaria, incapaz de atender las necesidades de la población y de generar oportunidades. Es cuando el ahorro y la inversión se vuelven crónicamente escasos y el sistema político compensa la insuficiencia de recursos a través de la deuda pública y la inflación. No pasa mucho tiempo hasta que se hace políticamente inviable dejar de insuflar liquidez inorgánica a la economía y se consolida la economía del default (que indefectiblemente termina con los países renegociando una deuda pública a esas alturas impagable con el Fondo Monetario Internacional).
Serían, ahora sí, largos 30 años y no el desvío pasajero que dura el transcurso de un ciclo. ¿Nada nos libra, nada más queda? La respuesta descansa casi enteramente en el resultado de la próxima elección presidencial y en las disposiciones de la nueva Constitución que con toda probabilidad nos regirá en las próximas décadas.