Hemos entrado de lleno ya en la discusión de la Ley de Presupuestos 2020, sin duda la de mayor importancia cada año, ya que define cómo el gobierno gastará los cuantiosos recursos que los ciudadanos debemos poner a su disposición cada año. Nada menos que US$74 mil millones, lo que significa que cada chileno aporta en promedio cerca de $2.700.000 al año para financiar al fisco. Es un monto significativo, ¿cierto? Por eso es importante que se gaste bien.

Sabemos que Chile lleva ya más de una década registrando déficits fiscales, lo que hace prioritario recuperar la disciplina fiscal. Los graves problemas que hemos visto en los países de la región tienen un punto claro en común; la irresponsabilidad fiscal, vivir más allá de las posibilidades. Por esa razón es muy positivo que el actual gobierno defina como su principal objetivo fiscal recuperar la sostenibilidad, lo cual significa que, frente a un escenario más restrictivo de ingresos, se reduce el espacio de aumento del gasto. Esta disciplina fiscal es lo que permite que Chile sea unos de los países de menor riesgo en el mundo emergente (sólo superado por Tailandia), haciendo posibles reducciones significativas de la tasa de interés de corto y largo plazo, como también mejorar la competitividad a través de un tipo de cambio real más alto. En definitiva, un presupuesto fiscal más austero permite que los ciudadanos tengamos mayor espacio para consumir e invertir. Es positivo entonces que el gasto fiscal crezca un 3% real en 2020, ya que una cifra más elevada, que no cumpla la meta de déficit estructural, sería vista en forma negativa por los mercados, lo que significa un menor espacio para tasas de interés bajas.

También parece positivo el que dentro de este gasto menos expansivo que lo habitual se dé mayor espacio al gasto en capital, que crecería un 6,8% real, mientras que el gasto corriente aumentaría un 2,9% real. De esta forma, a pesar de que no se trata de un presupuesto expansivo, contribuye a dinamizar la actividad y el empleo. Es de esperar que este objetivo se cumpla, ya que llevamos varios años en que la moderación del gasto se ejecuta a través de los proyectos de inversión, mientras que las presiones de gasto corriente parecen menos controlables. De hecho, en el período enero-agosto del año en curso el gasto corriente acumula un crecimiento de 3,9% real, mientras que el gasto de capital crece menos de 1% real.

El aspecto menos positivo del actual proceso presupuestario, y que ha pasado bastante inadvertido, es que el Comité de Expertos del PIB tendencial redujo la estimación para el crecimiento de la productividad total de factores (la llamada PTF). Esto significa que aún no se logran avances en la eficiencia con que se utilizan los factores productivos. Aunque la consulta a los expertos arrojó como resultado niveles de PIB tendencial muy similares a los del año anterior, en torno a 3%, las estimaciones de crecimiento de la PTF cayeron, y en forma bastante significativa, lo cual es una muy mala noticia. Hace un año este Comité estimó un crecimiento promedio de la productividad para el período 2019-2023 de 0,33% anual, que ahora redujo a la mitad, 0,16% promedio al año. La mantención del crecimiento del PIB de tendencia se explica por un mayor crecimiento de la fuerza de trabajo y de la formación bruta de capital fijo, lo que significa que también cae la estimación del crecimiento del PIB per cápita.

En definitiva, seguiríamos hacia adelante en una situación de crecimiento prácticamente nulo de la PTF, alejándose la meta del gobierno de lograr aumentos en el crecimiento de largo plazo. Esta situación de productividad estancada lleva ya dos décadas, las reformas del gobierno anterior le asestaron un golpe adicional, y al menos hasta ahora el actual gobierno no ha podido revertirlo. Las perspectivas futuras no parecen muy alentadoras, dado el importante freno legislativo a reformas pro productividad, como la tributaria, y el impulso que se da a proyectos que retroceden en esta perspectiva, como es la reducción de la jornada laboral. Finalmente, como resultado, no sólo se daña el crecimiento, también se ve mermada la posibilidad de hacer política social por menores ingresos fiscales. De hecho, el Ministerio de Hacienda redujo ya las estimaciones de crecimiento para todo el período de gobierno, de un 3,8% hace un año a un 3,4%, por lo que no se lograría la meta de crecer más que el mundo.