Quizás el mundo político no capta la importancia del tema de los militares y carabineros que están presos por causas de derechos humanos de la época del gobierno militar, como tampoco de las causas que afectan a quienes fueron llevados a juicio, y en algunos casos ya condenados por hechos ocurridos durante lo que se conoce como el “estallido social” o producto de los despliegues de las Fuerzas Armadas bajo los estados de excepción que se vienen decretando desde el último trimestre del 2019.
El tema en sí es importante no sólo por las graves injusticias, violaciones a los derechos humanos que se cometen con ex militares de avanzada edad, y la falta de debidos procesos, sino porque también condiciona el accionar futuro de las Fuerzas Armadas en el caso de que sean requeridas para actuar en apoyo a las policías en el combate al crimen organizado, lo que eventualmente se podría dar bajo estados de excepción constitucional de emergencia o de sitio, o bien bajo una iniciativa del tipo infraestructura crítica corregida (no la actual) más bien focalizada en el apoyo de las Fuerzas Armadas a las policías que a proteger algo que no está en riesgo.
Las Fuerzas Armadas del ahora observan lo que sucede con los que les antecedieron, ya sea por las acciones realizadas durante el gobierno militar, o en tiempos más recientes cuando han debido intervenir en el orden público, resguardo de fronteras o producto de la insurgencia que está presente en varias provincias de la región del Biobío o de La Araucanía.
La forma en que tratan a los militares del pasado en los penales de Punta Peuco y en particular en Colina 1 no es propio de la edad de los que están presos o de las condiciones de salud en que se encuentran. Desconozco si es responsabilidad del ministro de Justicia y Derechos Humanos, o una falta atribuible a Gendarmería. Son claramente personas que a la luz del gobierno y de los tribunales no tienen derechos humanos, lo que, a cara de ellos, de sus familiares, amigos y camaradas se hace más inentendible si se considera que además fueron condenados la mayor de las veces a través de procesos judiciales en donde abundaba la falta del debido proceso, por simplemente haber sido militares, por cumplir órdenes.
Estamos hablando de personas de la tercera o cuarta edad, que en esa época eran mayormente oficiales subalternos, suboficiales, clases y soldados conscriptos. Son mayormente militares, con unos pocos marinos y carabineros que los acompañan. No eran los que tomaban las decisiones, y en muchos casos, están pasando sus últimos años de vida en la cárcel simplemente por estar en las Fuerzas Armadas de la época del 73. Para ellos la izquierda aplica el principio del sin perdón ni olvido, no tienen derechos humanos, y los tratan peor que a los más indignos de la tierra.
Hay aún procesos abiertos, que fueron reabiertos en Piñera 1, que tienen a lo menos a 67 condenados en primera instancia por el ministro en visita Álvaro Mesa. Ellos se agregan a los que ya están presos por causas similares, pero quizás si prima la lógica y los brotes verdes que ahora se están comenzando a ver en tribunales, no se vayan a la cárcel y puedan correr con la suerte del general Cheyre, otro caso en extremo injusto, más aún en su condición de general en jefe del “nunca más”, en un caso que nadie entiende y que a nadie hace lógica.
No sé si la izquierda, el Congreso y los políticos en general están conscientes del efecto que causan en las Fuerzas Armadas del ahora «pago de Chile», y cómo ello puede afectar las expectativas que se tienen de ellas de llegar a ser necesario su uso en ambientes complejos. Está claro que en el mundo de los retirados y en la familia militar esta situación no pasa desapercibida, generando frustración, rabia y hasta quizás odio. Nunca es bueno sobre tensionar las cosas, los riesgos de hacerlo son muy altos, y cuando ello sucede en Chile las cosas no terminan bien.
Claramente la situación de los penales Punta Peuco, Colina 1 y otros en que hay presos militares del pasado es una cuestión política. Dejarla sólo en manos de los tribunales o el sistema judicial no es una buena idea, como tampoco lo es el no resolver el problema. Su no resolución o la no aplicación de mínimos de humanidad y de los derechos humanos de estos presos equivale a un acto de venganza, de un ojo por ojo, de algo que no tiene mínimos de decencia y de justicia.
Los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros también observan el actuar del sistema judicial y del Ministerio Público en los casos que vienen de las oportunidades en que han debido actuar bajo estados de excepción o para restablecer el orden público. Se aplaude que se hizo justicia en el caso del cabo Zamora, se observa con esperanza lo que pueda ocurrir con el juicio que está pendiente para el comandante Crespo y el cabo IM Seguel, y hay preocupación por casos como el del soldado Robledo y de los otros integrantes de la patrulla que tuvo que actuar en La Serena el 19 de octubre del 2019.
Para muchos el uso de las Fuerzas Armadas en apoyo a las policías para combatir el crimen organizado es algo que ya se asume como necesario y aceptado por la opinión pública. Para que ese uso sea efectivo y no una pérdida de tiempo se deben dar dos condiciones básicas: 1) Apoyo político transversal, el cual debe quedar registrado como un acuerdo en que todos los partidos políticos participan, como también los distintos poderes del Estado, y entes autónomos como el INDH y el Ministerio Público, y 2) Las reglas de uso de la fuerza (RUF) deben ser de fácil y rápido empleo, no siendo necesario como dijo el general Bassaletti en El Mercurio del domingo, pedir permiso antes de actuar.
Está claro que nadie está por sobre la ley, pero dicho eso, la izquierda debe perder el complejo de usar la fuerza del Estado y de tener servicios de inteligencia con capacidades operativas. La realidad actual no da para más, pero sí requiere que se atienda como condición habilitante del uso de las Fuerzas Armadas, el resolver la realidad de los presos militares del pasado, que los juicios actuales abiertos sigan el derrotero del caso del cabo Zamora, que se corrijan los errores cometidos con los soldados de La Serena, y que alguien controle lo que hace el juez Álvaro Mesa Latorre en Temuco, ya que si mete a la cárcel a los 67 que tiene condenados, se hace difícil que las Fuerzas Armadas del ahora, independiente de que hayan RUF perfectamente deseadas y un apoyo transversal a su uso, sean un recurso eficaz en el combate al crimen organizado.
¿Quién se va a inmolar por Chile si es que el Estado de Chile no les da las garantías del debido proceso, los protege legalmente cuando les ordena actuar, y asume las responsabilidades por las órdenes que da? ¿Está el Presidente Boric listo para asumir la responsabilidad de las órdenes que vaya a dar a las Fuerzas Armadas?
En memoria de los militares del pasado, del ahora y del futuro
Excelente, brillante y valiente planteamiento de una realidad objetiva, si se quiere en verdad recuperar la seguridad y el estado de derecho.
En relación con lo dicho por el columnista, vengo en comentar que la obligación esencial e irrenunciable de los gobernantes de un Estado, y que antecede a todas las demás, es la conservación del orden público y la seguridad interna y externa de la comunidad nacional. La idea de Estado reposa, en último término, en el imperativo de seguridad. Para ello y por lo mismo, como promotor del bien común, el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia física legítima. Cuando un Estado es incapaz para tener el control sobre regiones de su territorio y para asegurar en ellas el monopolio de dicha violencia se convierte en un Estado fallido.
Y sobre una eventual declaración del estado de excepción constitucional “de sitio” en la Región Metropolitana, cabría comentar que ello sería solo una medida efectista pero no eficaz por, entre otras, las siguientes razones:
“Por la declaración de estado de sitio, el Presidente de la República podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá, además, suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión” (art. 43 inc. 2 CPR). El estado de sitio no le otorga facultades especiales o extraordinarias a las FF.AA. o a Carabineros relacionadas con el uso de la fuerza.
Actualmente las Fuerzas de Orden y Seguridad y las Fuerzas Armadas no pueden actuar ofensivamente y solo pueden usar sus armas letales en legítima defensa, cuando esté en riesgo la vida de personas. Con tales restricciones esas fuerzas quedan sin capacidades disuasivas o represivas y sus miembros solo pueden observar lo que está ocurriendo, sin poder actuar de acuerdo con la función que les es propia contra quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos terroristas u otros en los que no esté en riesgo la vida de personas. En las condiciones actuales los militares actuando en funciones de control del orden público son meros espantajos y objeto de escarnio; como lo vimos durante la asonada revolucionaria del año 2019 en la que un honorable diputado de la República se burlaba de ellos.
Mientras no sean modificadas las reglas del uso de la fuerza actualmente vigentes —o las que se dicten en el futuro— que le impiden a policías y militares el uso de armas letales; mientras no se respalde jurídicamente su actuación —evitando que sean condenados por haber actuado con el rigor propio de su profesión—; mientras la violencia ilegítima no sea condenada por todos los sectores de la sociedad; mientras existan personas de la clase política que amparen, justifiquen o promuevan la violencia revolucionaria e insurreccional, será imposible aniquilar al terrorismo y restablecer el Estado de Derecho.
Mientras los militares y carabineros sean juzgados por la “justicia civil”, que no les aplica leyes expresas y vigentes, tales como las de los artículos 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar —vulnerándoles garantías y normas que los eximen de responsabilidad penal—; mientras por usar sus armas en cumplimiento de sus misiones constitucionales (incluso carros lanza aguas o bombas lacrimógenas) sean acusados por “apremios ilegítimos”, “abuso de la fuerza” o “violación de derechos humanos” y condenados a severas penas de prisión; aunque tuviesen el equipamiento, el entrenamiento y las capacidades para controlar la violencia ilegítima y el crimen (sean éstos ataques a la infraestructura crítica; quema de maquinaria, vehículos o edificios patrimoniales; saqueos; narcotráfico, usurpación de tierras, inmigración ilegal, “portonazos”, “encerronas”, etc.) no tendrán la voluntad para hacerlo.
Si las Fuerzas de Orden Seguridad y las Fuerzas Armadas —instituciones fundamentales de la República— no puedan cumplir las funciones que les son propias —dadas las absurdas y extremadamente restrictivas reglas de uso de la fuerza— el porvenir de nuestra patria es desesperanzador.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política
Muchas gracias Carlos y Adolfo por sus comentarios.
Saludos, R
Excelente columna!!
Las cosas claras. Todo lo que se ha hecho a partir de 1990 tiende a impedir una repetición del 11 de septiembre. Los interminables procesos, las duras condenas y las abarrotadas cárceles con internos de avanzada edad y precaria salud sirve para, supuestamente, inhibir a las fuerzas armadas y de orden de volver a salvar a Chile de caer en el abismo. Lo demás es música (con perdón de los melómanos). Por eso el tema no tiene solución.
Complementando lo dicho por Humberto Julio Reyes, vengo en comentar que el proceso de persecución política contra los militares, que es llevado a cabo en sede judicial dentro del ámbito de una justicia prevaricadora, obedece a numerosos motivos u objetivos, siendo uno de los principales el de destruir a las Fuerzas Armadas e «impedir una repetición del 11 de septiembre», como bien dice Julio.
Entre las razones que motivan la persecución contra los militares y los carabineros cabría mencionar las siguientes:
—El odio y la venganza de los sectores de izquierda, que reconocen en los institutos armados a quienes les impidieron consumar su proyecto totalitario.
—Eliminar el previsible escollo que representan las FF.AA. para convertir a Chile en un Estado socialista.
—Destruir a las Fuerzas Armadas. Evidentemente no se trata de destruirlas físicamente, sino que moralmente; de neutralizarlas, de hacer que ellas dejen de ser lo que son, que ellas dejen de ser lo que tienen que ser: fuerzas al servicio de la nación y no al servicio del gobierno de turno.
—Destruirle a los militares su capacidad moral para volver a intervenir y asumir el poder político en caso de que nuevamente se produjesen en Chile situaciones como la ocurrida en 1973.
—Al afán de los políticos por ocultar su incapacidad, fracaso e impotencia, que llevó a Chile al borde del abismo y que puso en peligro intereses vitales de la patria; riesgo del que fue rescatado, precisamente, por los actuales perseguidos.
—Al afán de esos mismos políticos por ocultar los éxitos del Gobierno Militar, que logró recuperar la democracia y reconstruir un país en ruinas y al borde de la guerra civil, y lo llevó al umbral del desarrollo.
—El sentimiento de rechazo, aversión o repugnancia a reconocer que el gobierno militar fue enormemente exitoso.
—Dar un claro y potente mensaje a los militares en servicio activo, y a las futuras generaciones, sobre lo que les podría ocurrir si volviesen a intervenir.
—Al aprovechamiento político de quienes piensan que persiguiendo a los militares lograrán captar más votos.
—A motivaciones de carácter económico: al rentable «negociado de los derechos humanos» por las millonarias indemnizaciones que reciben los querellantes y las supuestas ‹víctimas› y sus familiares (de las que una buena parte va a parar a los bolsillos de los abogados patrocinantes); indemnizaciones que deben ser pagadas con recursos del erario nacional. Al respecto podemos decir que «el Estado sigue pagando la venganza» —es decir todos los chilenos— lo que constituye un verdadero peculado o malversación de los fondos públicos.
Evidentemente no se trata de una destrucción física sino que moral, de manera que las FF.AA. sigan existiendo en la forma, pero dejando de ser lo que son, dejando de ser lo que tienen que ser —fuerzas al servicio de la nación y no al servicio del gobierno; y las garantes, en última instancia, de orden institucional de la República y de la constitución histórica de Chile— con lo cual solo mantendrían la apariencia de tales. Así, las FF.AA., absolutamente sometidas al gobierno de turno —transformadas de órgano del Estado a instrumento del gobierno; en guardias pretorianas del gobierno de turno— no tendrían la capacidad moral para volver a intervenir y asumir el poder político en caso de que nuevamente se diera una situación de violencia, polarización y quiebre del orden institucional como la ocurrida en el año 1973, que ponga en riesgo intereses vitales de la patria y que no haya otro recurso para salvar a la nación; para que nunca más se atrevan, en nombre de la patria, a ejercer el legítimo derecho de rebelión.
Lo que se busca es hacer desaparecer en los militares la convicción interior sobre la finalidad de su profesión y, así, someterlos absolutamente al gobernante de turno; de transformarlos en verdaderos autómatas y reducirlos a la condición de instrumentos ciegos en manos de quien tenga el poder. Lo que se persigue es convertir a los militares en funcionarios moralmente neutros, cuyo único oficio consista en el manejo técnicamente eficiente del arma que el Estado pone en sus manos, sin conciencia de cuál es el verdadero sentido de la función militar.
Si apreciamos bien la realidad de las cosas, podremos darnos cuenta de que los militares siempre cumplen una función política; sólo varía la forma en que ésta se manifiesta. La finalidad de la institución militar es de índole política.
La verdad es que un ejército así no puede servir a la nación. La historia ha demostrado que el convertir a las FF.AA. en el brazo ejecutor de un sector político o social ha dado siempre malos resultados. Si el ejército no tiene conciencia propia y capacidad de opinión, corre el riesgo de convertirse en instrumento de tiranía y de corrupción, como está ocurriendo en un país hermano.
De lo que se trata, en definitiva, es destruirle a los militares su capacidad moral para volver a intervenir y asumir el poder político, en caso de que nuevamente se produjesen en Chile situaciones que pongan en peligro intereses vitales de la patria y no haya otro recurso para salvar a la nación, como ocurrió en el año 1973.
En estos casos las Fuerzas Armadas se ven forzadas a tomar una decisión moral: ¿a quién obedecerán? ¿al presidente de turno o al mandato constitucional de defender la patria, la soberanía nacional, la democracia y las libertades?
No concuerdo con lo dicho por don Julio en el sentido de que «el tema no tiene solución». Para solucionarlo bastaría aplicar leyes expresas y vigentes tales como el D.L 2191 de amnistía de 1978, las relativas a la prescripción penal y principios esenciales del derecho penal tales como el de legalidad.
En todo caso, siempre queda la posibilidad de un milagro.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política
Si se pretende hacer cumplir los derechos humanos por causas justificadas por la ley y convenios ad hoc, esta aplicación debe hacerse por igual para todos. Es absurdo e injusto que después de 50 años se sigan aplicando resquicios legales para condenar a integrantes de las FFAA, muchos de los cuales tienen sobradas razones para estar libres.
El problema es quien le pone el cascabel al gato.
Excelentes aportes. Recordemos lo acaecido en la República Argentina. Muchos de los oficiales de alto rango que tomaron parte en el control de la insurrección pagaron hasta morir. Pero los vientos cambian.