El quinto aniversario del estallido que se cumple hoy ha dado lugar a muy numerosos reportajes, columnas de opinión, encuestas y otras reacciones que merecen observarse con detenimiento.
Algunos puntos dignos de subrayarse han sido para mí el profundo cambio de opinión de la mayoría de los chilenos en contra del estallido. Según una de las encuestas (B&W-El Mercurio 13-10-4) sólo el 1% siente una emoción claramente positiva cuando recuerda el estallido, 15% siente esperanza y 84% sienten principalmente frustración (35%), rabia, tristeza o miedo. Elocuente también ha sido el silencio del gobierno y los partidos de izquierda, revelando que hoy encuentran mucho menos compañía para celebrar ese evento.
Más me ha sorprendido que, entre tanto escrito sobre el estallido en cinco años, todavía no ha surgido una investigación convincente sobre quiénes organizaron los incendios de las once estaciones del Metro. Porque no es creíble que hayan sido espontáneas ni casuales. Eso requirió la compra y almacenamiento de combustible suficiente, ponerlo en lugares pre-estudiados y que alguien le prendiera fuego arrancando incólumes. Eso tendrá que saberse algún día; lo sorprendente es que todavía no.
Lo que parece claro y reúne el mayor consenso es que la pradera estaba seca: la del malestar social. Lo que ha desmentido el paso del tiempo es la narrativa generada por la izquierda de que la molestia principal era por la desigualdad en la distribución de ingresos y el modelo económico. Y que la solución era una nueva Constitución que fuera la tumba del modelo neoliberal. Esta interpretación tan acogida al principio no pasó el test de credibilidad suficiente para la mayoría de la población.
Personalmente estimo que la pradera sí estaba seca, pero por malestares muy diversos y heterogéneos, entre los cuales lo que más había en común es el hastío con los dirigentes políticos y con los abusos, del economicismo, así como con los sacrificios que implican para cada persona o grupo acceder a las promesas hechas por los políticos y por la incontrarrestada publicidad consumista empresarial y financiera. Insatisfacción con la vida que se vive; muchas expectativas frustradas.
A partir de este diagnóstico simple surgen dos lecciones muy concretas y prácticas de qué hacer a futuro para evitar nuevos estallidos sociales y su secuela de violencia descontrolada que produce tanto daño. Primero, no postergar reformas sociales demandadas por grupos reconocidamente postergados como eran los jubilados con bajas pensiones, algunos estudiantes con créditos impagables, madres sin acceso a salas cunas, enfermos sin atención de salud y pueblos o lugares afectados por contaminación excesiva (Quintero-Ventanas, por ejemplo). Estas demandas se habían planteado a gobiernos de derecha y de izquierda, y se había avanzado en propuestas técnicas de comisiones transversales, pero no se había hecho casi nada concreto. La competencia política por soluciones propias exclusivas y las ideologías habían impedido acordar y aprobar los proyectos de ley necesarios. ¡Nunca más esas postergaciones sociales evidentes! Es una de las lecciones que deben aprender las autoridades políticas para evitar acumular pasto seco que puede generar muy costosos incendios.
Pero los incendios requieren material inflamable (pasto seco) y también que alguien le prenda fuego. Aquí hay una segunda lección que sacar: la necesidad de que el Estado de Chile disponga de una legislación e instituciones modernas y especializadas para defender a sus ciudadanos de grupos violentistas, sean ellos del origen o carácter que fueren: barras bravas, ambientalistas, anarquistas, revolucionarios, pirómanos, simples adictos a la violencia o narcos que quieren debilitar a las policías para hacer sus negocios. No debe importar ni el origen ni el propósito que declaren esos individuos o grupos. Lo que importa es impedir sus actos violentos.
Es parte de la naturaleza humana que haya personas que acumulan rabia y otras emociones destructivas que, al desbordarse, las llevan a la violencia. También por eso es obligación de la sociedad (y de quienes la gobiernan) protegerse a sí misma y a sus miembros de esas personas o grupos violentos. Las sociedades y países bien organizados cuentan con legislación y organismos especializados para enfrentar este flagelo, problema o riesgo destructivo de toda comunidad. Así lo hicieron en Europa cuando las barras bravas provocaban enormes destrozos en las ciudades y estadios extranjeros en que jugaba su equipo. En pocos años terminaron con eso. La situación más conocida fue con los hooligans ingleses. Francia hizo lo mismo con los “chalecos amarillos”. En Chile se necesita un departamento especializado, posiblemente de la PDI o Carabineros, que realice un seguimiento sistemático de los grupos propensos a la violencia, con capacidad de espionaje e infiltración de esos grupos. Este es un deber y una tarea esencial del Estado para proteger o dar seguridad a los ciudadanos. No puede aceptarse dar un derecho implícito a particulares a usar la violencia contra personas e instalaciones públicas ni privadas. Al contrario, debe evitarse e investigarse para encontrar al o los responsables de todo acto de violencia y darles el castigo que establecen las leyes. Esto se puede y debe hacer respetando los derechos humanos de todas las partes. Así por lo demás se hizo en los países citados y se terminó con esa violencia.
Personalmente me he formado la opinión de que el estallido fue la culminación de un relajo de la sociedad chilena con el uso de la violencia incubada en por lo menos los diez años anteriores. Me refiero principalmente a los encapuchados que actuaban detrás y después de las marchas de los universitarios del 2011, a grupos violentos análogos detrás de los ambientalistas, las barras bravas del fútbol y los escolares de los colegios emblemáticos. A todos se les justificó demasiado, se les dejó hacer y no se les castigó como correspondía, a tiempo y justamente, por la violencia y la destrucción causada.
Así, esos grupos fueron creciendo año a año, proponiéndose destrucciones más grandes y audaces, organizándose y entrenándose mejor. Nunca olvidaré mi impresión al verlos dar batalla a Carabineros en Ventanas tras una manifestación pacífica contra la contaminación en la cual participaba. Eran milicias altamente profesionales, con planificación previa de sus frentes de ataque, comunicaciones por radio y un despliegue físico que superaba por lejos la capacidad de Carabineros.
Por lo anterior opino que el estallido se generó en buena parte por la inoperancia del Estado de Chile y sus autoridades por un largo tiempo previo para prevenir y actuar contra la violencia cuando todavía se expresaba en brotes pequeños. Por eso, tal vez, con el pasar del tiempo, los ciudadanos les han ido atribuyendo cada vez mayor responsabilidad a esas autoridades. Y muy especialmente al sistema judicial que no investigó, ni investiga aún, lo suficiente para encontrar y castigar a los responsables.
Creo, finalmente, que con el tiempo hemos ido aprendiendo todos. Si fuera así, con un poco de esfuerzo adicional saldremos adelante y mejor. Un signo alentador de estas semanas fue el encuentro de dirigentes políticos de centroizquierda y centroderecha para sacar lecciones del estallido juntos. Suscribieron así una declaración contundente firmada por varios senadores y exministros desde la UDI al PS, comprometiéndose a no permitir más la violencia como medio para alcanzar objetivos políticos ni postergar reformas sociales urgentes para mejorar la vida de millones de chilenos.
Ese es el camino: el encuentro, salir de las trincheras en que hemos estado, cruzar la calle para encontrarse y ampliar espacios para alcanzar soluciones acordadas de buena fe.
