Después de la presentación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en la Comisión de Hacienda del Senado, donde informaron de 11 riesgos fiscales que generaría el proyecto de reforma al sistema de pensiones, el ministro Marcel dijo que las mitigaciones las pueden incorporar sin mucha dificultad.
Sin duda, la intención de Marcel y del gobierno es sacar lo más rápido posible esta iniciativa para que sea ley la próxima semana, a fin de que ya en octubre puedan estar repartiendo plata a las 2.8MM de personas que se verían favorecidas con esta reforma y ellos electoralmente. Por eso Boric obligará a sesionar a la Cámara la próxima semana, haciendo uso de la atribución establecida en el artículo 32, N°2 de la Constitución.
El problema es que las mitigaciones son complejas de implementar, como se puede comprobar en el ejemplo que a continuación expongo, aunque no es la única que debiera obligar a detener la aprobación de la reforma, hasta que estén bien estudiados los riesgos y las mitigaciones resueltas. En la presentación a la Comisión de Hacienda del Senado, el segundo riesgo expuesto por el CFA es el siguiente;
Monitoreo integral de los riesgos fiscales del Gobierno Central y el FAPP.
“El proyecto de ley define al FAPP como una entidad separada del Gobierno Central, mientras que la regla fiscal dual vigente en Chile aplica solo al Gobierno Central. Asimismo, el ámbito de acción legal del CFA es “contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central”. En ese sentido, los riesgos fiscales del FAPP (que incluye un componente importante de deuda a través de los préstamos de los cotizantes en su primera etapa) pudieran quedar fuera de las reglas y de la institucionalidad fiscal del país”.
Lo que recomienda frente a este riesgo el CFA no es una solución simple, como se verá a continuación:
“Deben implementarse mecanismos que permitan que la institucionalidad fiscal y las reglas fiscales permitan realizar un monitoreo integral de los riesgos fiscales, en particular de la deuda, incluyendo al Gobierno Central y el FAPP (lo cual incluso podría extenderse a otras entidades públicas del gobierno general). Se sugiere que se comprometa estudiar la cobertura adecuada de los riesgos fiscales considerando la creación del FAPP fuera del Gobierno Central, e implementar mejoras, en caso de ser necesarias. Para ello, se sugiere que el Ministerio de Hacienda realice en el corto plazo, un estudio con un organismo internacional, acerca de las mejores prácticas internacionales para abordar este desafío, abarcando aspectos como la definición del perímetro más adecuado de Gobierno para la aplicación de las reglas fiscales, tipos y periodicidad de reportes de riesgos que deben elaborase, y ámbito de acción del CFA. Independiente de ello, el FAPP debe realizar reportes periódicos sobre su situación de flujos y patrimonial (incluyendo un foco en su nivel de deuda, activos y su gasto e ingreso por intereses) que permita su monitoreo”.
¿Cómo se pretende aprobar entonces la reforma en pocos días cuando el CFA está sugiriendo que se solicite a un organismo internacional que informe de las mejores prácticas internacionales para abordar este riesgo? Y este es tan solo uno de los once.
La explicación más plausible a mi entender es que al gobierno le da lo mismo que sea buena o mala siempre que se apruebe, porque les quedan pocos meses para terminar su gestión y por lo tanto será el próximo gobierno el que tenga que asumir los costos de esta reforma y, además, qué les puede importar como estén las arcas fiscales en 30 años más, cuando ninguno de los que hoy tienen que votar su aprobación o rechazo van a estar vigente en política.
Lo que es difícil de entender es que Chile Vamos esté dispuesto a aprobarla en lo que queda de enero antes del receso, porque las consecuencias de que se apruebe como está pueden ser muy dañinas para el país por las más diversas razones, entre las cuales están el abrir la puerta al reparto, que el Estado compita en captar cotizaciones debilitando así a las AFP -lo que es una amenaza al sistema actual- el no contar con el financiamiento necesario para sustentar los gastos que implica la reforma; el no garantizarle a los trabajadores que estarán los recursos para devolverles el préstamo que obligadamente estarían haciéndole al Estado y tampoco se garantiza que van a mejorar la pensiones futuras.
En resumen, sería una profunda irresponsabilidad de los partidos políticos el aprobar la reforma tal cual está, sin darse el tiempo suficiente para estudiar en detalle todas las indicaciones, que ya llegan casi a las 1.000 páginas, las mitigaciones propuestas por el CFA y la real posibilidad de hacerlas efectivas. Hay que introducir enmiendas a una variedad de problemas y, además, dados los errores de las estimaciones que Marcel y la Dipres han cometido en su gestión, cuán reales son las proyecciones de los gastos e ingresos fiscales que sustenten la reforma, por los efectos en la economía, el empleo y la inversión.
Aprobar, aprobar, que enero se va a acabar. Una muy mala decisión.
Siempre los principios deberían ser la piedra de tope en cualquier negociación política, caso contrario el desmadre sería mayúsculo.
El tema de la administración de fondos previsionales por parte del Estado está lleno de evidencia empírica acerca de su resultados en Latinoamérica.
Celebro la columna del señor Jankelevich y al mismo tiempo me sorprendo con aquella del señor Briones referente al mismo tema, que privilegia el acuerdo a toda costa, aun a riesgo de parecer maquiavelico.
Estimado Jaime. Muy buena columna la de hoy. Sin duda a los promotores de esta mala iniciativa, les importa muy poco o nada las jubilaciones ni de donde sacaran los recursos para devolver el llamado «prestamo» de los afiliados.
Excelente columna!