Como una curiosidad o quizás una extravagancia, un amigo me envía por intermedio de las redes sociales un conjunto de fotografías, tomadas presumiblemente en distintos barrios de Santiago. En ellas, escritas sobre paredes que parecen ser de decenas de metros, pueden leerse en grandes letras rojas finamente trazadas mensajes solicitando a las Fuerzas Armadas diversas formas de poner fin al gobierno del presidente Boric.
La calidad de los trazados no me deja dudas de que se trata del trabajo de profesionales, probablemente financiados por gente con el dinero suficiente como para contratarlos. Y tampoco tengo dudas de que esos rayados y quienes los financian, sí constituyen una extravagancia, una verdadera excentricidad que se aleja del centro de la corriente de entendimiento y relaciones democráticas y republicanas que nos caracterizan como país y como pueblo. Quienes han financiado esos mensajes son probablemente tan chilenos como cualquiera, pero sería muy difícil negar que sólo son una ínfima minoría que se mueve en el silencio y la oscuridad de los márgenes de la sociedad chilena. Esta última certeza debería procurarnos tranquilidad respecto de la solidez de nuestras instituciones y de nuestra democracia.
Sin embargo me ocurre también que, crecientemente, puedo leer en esas mismas redes sociales mensajes de personas que sí conozco -algunas de las cuales me han parecido siempre inteligentes y decentes- que junto con lamentarse por algunas decisiones del Presidente y de lo a veces extraño u original de su manera de vestirse o comportarse, comentan, algunos casi como al pasar y otros con total seguridad, que quizás sería bueno para el país que las instituciones con potestad para ello pensaran en una posible inhabilitación presidencial por motivos “de salud”. Quizás alentado por comentarios de ese tenor, un “opinólogo” con vocación de humorista ha publicado en un diario de circulación nacional una columna en la que, simulando ser el Presidente, se pregunta sobre la posibilidad de renunciar.
A algunos habrá podido resultarle graciosa esa columna, como también pueden considerarse graciosos u ocurrentes quienes sugieren fórmulas para anticipar el fin del Gobierno. Sin embargo, ni unos ni otro son graciosos u ocurrentes. Son la versión anticipada de la antidemocracia, de la cultura de la eliminación de la autoridad democráticamente electa ya sea por la fuerza o por el uso abusivo de resquicios constitucionales, cuando esa autoridad no gusta o resulta adversa.
En diversas oportunidades a lo largo de nuestra historia republicana, la violencia y la tentación de eliminar al adversario por cualquier vía y a cualquier costo, han estado presentes. La tragedia del golpe militar durante la segunda mitad del siglo pasado, seguida de una dictadura de casi dos décadas con un verdadero impulso homicida en sus inicios, parecería ser el episodio más reciente. Pero el abuso en la apelación a instrumentos constitucionales como las acusaciones en contra de ministros de Estado y aún del Presidente de la República en años recientes, debe ser considerado también parte del mismo impulso: el de acabar, eliminar al adversario, porque no me gusta lo que hace.
Ese uso abusivo de las acusaciones constitucionales fue el arma empleada por la oposición de izquierda durante el gobierno pasado y ahora es utilizada por la oposición de derecha al actual gobierno. Son parte de un mismo síndrome. Del síndrome del que se hacen parte, a veces sin saberlo y otras veces sabiéndolo muy bien, quienes en medios privados o públicos comentan la posibilidad de que el Presidente de la República no termine su mandato en el plazo estipulado por la Constitución. Es un síndrome peligroso. Es el preludio a la barbarie de la antidemocracia que ya vivimos en el pasado y no debemos volver a vivir. Hoy parecen acciones inocentes o perfectamente legales o constitucionales, mañana, cuando las nubes al comienzo ligeras que ellas crean se conviertan en temporales, ya no parecerán inocentes.
Todos y todas deberíamos estar atentos y combatir esas conductas con la fuerza de nuestra opinión. Y algunos, como el Presidente de la República, con su ejemplo. A él le corresponde la obligación de hacerse respetar por sus decisiones gestos y actitudes y preservar la dignidad del cargo que ocupa.
Ahora mismo tiene la oportunidad de hacer un gesto de coherencia que dignificaría la presidencia de la República y abatiría tendencias antidemocráticas: si ya alejó de sus cargos a la ministra de Justicia y Derechos Humanos y a su amigo más cercano de la jefatura de su gabinete, debido a la negligencia de ambos etiquetada como “desprolijidad”, corresponde que complemente esa decisión reparando el monumental error a que esa desprolijidad lo condujo. No puede quedarse en la posición de quien, como dijo su ministra vocera, “si hubiese tenido todos los antecedentes a la vista [los antecedentes correctos, aquellos de los que fue privado por la negligencia de sus colaboradores] la situación habría sido distinta”. Pues bien: ahora tiene todos los antecedentes a la vista y le corresponde actuar con rectitud. Hacerse respetar, reparar el error cometido y anular los indultos de Luis Castillo y Jorge Mateluna que, según la opinión de casi todos los juristas consultados, no son válidos.
La ministra de Interior dice que no es posible jurídicamente y su recién nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos que debe estudiar los antecedentes. Está bien, estúdienlos todo lo que sea necesario para explicar su invalidez, porque el Presidente ya estableció esa invalidez por intermedio de la ministra Vallejo. Y mientras los estudian -algo que por necesidad debe hacerse en el más breve plazo- ojalá que el Presidente se adelante y defina con claridad su posición, diciendo que su voluntad es reparar el error involuntario en el que incurrió por efecto de la negligencia (“desprolijidad”) de sus colaboradores.
Hágalo Presidente, hágase respetar y dignifique su cargo. Despeje esas nubes ligeras para que mañana no se conviertan en tormenta.
*Álvaro Briones es economista y escritor. Ex subsecretario de Economía y ex embajador de Chile.
