En Chile todavía es muy pronto para evaluar el contenido y los resultados históricos de la revolución de octubre de 2019, aunque se puedan realizar algunos análisis periodísticos, sociológicos y políticos de interés. Hay aspectos que emergen nítidamente, como el estallido de violencia y destrucción, las demandas sociales y críticas al orden vigente, el surgimiento y desarrollo de la cuestión constitucional, así como las respuestas –equívocas, timoratas, a veces sabias– de las autoridades políticas de gobierno y oposición.
Suele ocurrir en este tipo de acontecimientos que se produce una condensación muy rápida de energía popular y noticiosa. El tiempo parece acelerarse y muchas cosas pasan en poco tiempo. Las revoluciones son animantes y esperanzadoras, por una parte, pero su potencial destructivo también suele generar temor y división. En otras palabras, tiene las contradicciones de los grandes sucesos históricos y combina habitualmente expectativas muy amplias con un desencanto más o menos rápido.
En términos prácticos, el 18 de octubre fue una jornada de altísima violencia, que se mantuvo de manera persistente en las semanas siguientes, con gran destrucción de la propiedad pública y privada, además de una notoria capacidad de los manifestantes para desafiar el orden público y la seguridad de los barrios y el comercio. Eso coexistió con algunas otras marchas más pacíficas y en las cuales se notaba un interés en mejorar las condiciones de vida en Chile, si bien siempre existieron grupos que reivindicaron la violencia (al menos en la práctica) y mostraban un claro sectarismo en su acción.
Quizá el factor más persistente de la revolución de octubre ha sido la obsesión constituyente de las elites políticas, que emergió con fuerza en noviembre, se consolidó en la calle y en las encuestas, fue reivindicada por los partidos y formó parte del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Tras ello ha habido plebiscitos y elecciones, promesas de cambios y fracasos, una refundación llevada a cabo por la Convención Constitucional, que tuvo un resultado fallido y culminó con una derrota popular tremenda el 4 de septiembre de 2022. Tras ello, un nuevo acuerdo político dio vida a otro proceso constituyente que está en curso y cuyo resultado final sigue abierto.
Como se repite habitualmente, el mayor logro desde entonces hasta hoy ha sido canalizar institucionalmente el conflicto y la crisis de octubre de 2019, y tener la posibilidad de histórica de que Chile tena una Constitución nacida en democracia. No es mucho, dirán algunos, pero es algo. El problema, entre otros, es que todavía no resulta claro que el proceso constituyente se va a resolver afirmativamente, como tampoco es creíble –a la luz de las posturas que ha ido adoptando la izquierda– esa noción expresada por el presidente Gabriel Boric: cualquier cosa es mejor que una constitución hecha “por cuatro generales”.
La tendencia creciente de las izquierdas a manifestarse en contra de la propuesta de carta fundamental es muy ilustrativa de que su problema no era la génesis de la Constitución de 1980 –como señalamos en alguna oportunidad– sino su contenido, misma razón por la cual no le gusta la fórmula que ha salido del Consejo. Adicionalmente, en 2022 quedó bastante claro que había una fórmula que sí se acercaba a su ideal, como fue el caso de la propuesta de la Convención. Veremos qué dice ahora el Presidente de la República y los partidos que lo apoyan.
Lo anterior tiene sentido. La revolución de octubre no se hizo para mantener el statu quo o para formular reformas cosméticas que mantuvieran el sistema político y el económico social sin grandes alteraciones. De esta manera, de los problemas sociales del 18 de octubre se pasó al factor constitucional en las semanas siguientes, que incluso debía realizarse mediante una Asamblea Constituyente, concepto que generaba temor y preocupación en diversos sectores de la población, pero que era consistente con un movimiento que se había levantado contra la clase política de las últimas décadas. Sin perjuicio de ello, la revolución y luego las protestas que instalaron de hecho el proceso constituyente eran un continuo que debía culminar en una transformación radical en Chile.
Una de las discusiones que se han dado en estos últimos años muestra la existencia del octubrismo y el noviembrismo, como dos tendencias fundamentales dentro del proceso revolucionario. En ese esquema, el octubrismo sería violento y destructor, en tanto el noviembrismo se habría caracterizado por la búsqueda de los acuerdos y un espíritu más positivo, que se habría manifestado de manera clara el 15 de noviembre con el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. De esta manera, la violencia y la calle de octubre dieron vida al proceso de reforma constitucional iniciado en noviembre, como una especie de antecedente sine qua non del cambio. Por lo mismo, para ser sinceros y claros, podemos afirmar que no hay noviembrismo sin el octubrismo que lo precedió, como no hay acuerdo constitucional sin el vigor de la violencia y la calle, que iniciaron de hecho el proceso en cuestión y puso de rodillas al sistema institucional del país.
Por último, parece claro Chile se encuentra hoy peor que hace cuatro años. La vida es más cara, pues los precios han subido en diversos ámbitos; existen cada vez más familias viviendo en campamentos; hay una cesantía creciente, que ha seguido a la falta de inversión; la violencia no se ha detenido y en muchos lugares no ha llegado la paz. Adicionalmente, la economía se ha ido paralizando, se desarrolla con lentitud y mediocridad; Chile ha perdido prestigio a nivel internacional; el crecimiento este 2023 será nulo; han surgido nuevas formas de corrupción. En otras palabras, el 17 de octubre de 2019 Chile parecía estar mejor que en la actualidad, como se puede observar en diversos planos.
No sabemos todavía como terminará el proceso que se inició el 18 de octubre de 2019. Es probable que así como no comenzó una nueva era en la historia de Chile tampoco tenga un final nítido y visible. Por ahora, solo queda esperar con atención el éxito o fracaso del segundo proceso constituyente y como seguirá la vida institucional del país en uno u otro caso. En cualquier caso, resulta claro que Chile no solo fue incapaz de llegar al desarrollo en 2018, sino que tampoco lo hará en 2030. La mediocridad se ha instalado con fuerza en nuestro país y, entre otros, ese es uno de los rasgos más visibles de la revolución de octubre de 2019. Chile requiere un liderazgo, una agrupación y una voluntad para cambiar la dirección y el ritmo de la historia.
La Constitución del 80 no fue hecha por “cuatro generales”. Fue redactada por los mejores abogados constitucionalistas de la época.