La clausura de la Convención constituyente ha sido curiosa, sin duda contradictoria. La ceremonia podría considerarse un éxito para el órgano, con su puesta en escena, los discursos y la entrega del texto al presidente Gabriel Boric.
Se trató de un golpe comunicacional importante, que incluso tuvo un original contenido patriótico –novedoso en la instancia–, como se pudo apreciar con la entonación del himno nacional, muy distante de la falta de respeto que inauguró el trabajo doce meses atrás.
Al día siguiente, la carta y el tuit del presidente Ricardo Lagos tuvieron un enorme impacto. Todos los sectores políticos han procurado opinar y referirse a la postura del primer gobernante del siglo XXI, que encabezó la reforma constitucional de 2005.
Aunque creo que no hay que sobreinterpretar a Lagos, me parece que él fue claro en manifestar la falta de “consenso” que va a surgir el próximo 4 de septiembre, cualquiera sea el resultado del plebiscito.
Eso ha fortalecido la libertad de la izquierda democrática para buscar caminos alternativos, eventualmente votando Rechazo, nulo o blanco. Además, plantea una exigencia a la centroderecha, que a su juicio debería fortalecer la voluntad de avanzar hacia una nueva carta fundamental, específicamente con reformas en algunos temas señalados en la misiva.
Entre ellos, aparecen aspectos como los quórum de algunas leyes y ciertas funciones del Tribunal Constitucional. En entrevista en CNN, el exgobernante aseguró que “la derecha tiene muchas tareas pendientes”, frente a un sector que celebraba sus palabras (entrevista de Paula Escobar, jueves 7 de julio de 2022).
A esta altura, me parece que hay una cuestión clara: la necesidad de reformar o cambiar la carta fundamental está instalada, porque la discordia constitucional ha persistido durante mucho tiempo y con seguridad se mantendrá por otra temporada.
Por lo mismo, lo primero que debe resolver el país es lo que se vota este 4 de septiembre: se trata de la propuesta de la Convención constituyente. Si se estima que es una buena carta fundamental habrá que votar a favor, de lo contrario se debe emitir un voto en contra.
En ambos casos es evidente que la gran mayoría del país ya resolvió que se debe cambiar la Constitución vigente, se entienda de 1980 o de 2005. De esta manera, en caso de triunfar la opción del Rechazo, me parece que sigue existiendo un claro mandato reformista en el tema institucional en Chile.
Por lo tanto, la garantía de éxito la deben dar todos los sectores, no solo la derecha y la centroderecha, sino también la centroizquierda, la izquierda y la extrema izquierda, ya que debería iniciarse un nuevo proceso constituyente, que sería particularmente complejo.
Es probable que las propuestas de reformas se realicen por la vía que han señalado algunas figuras políticas y partidos.
La centroderecha ha reafirmado “su compromiso con la continuidad del proceso constituyente”, incluyendo una serie de contenidos en una eventual reforma posterior al plebiscito de salida: un Estado social y democrático de derecho; la ampliación de los derechos fundamentales; mayor democracia y participación; nuevo presidencialismo y rehabilitación del principio de mayoría; reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, en el marco de un Estado unitario y multicultural; protección al medioambiente y la biodiversidad; igualdad ante la ley y fortalecimiento del Poder Judicial; un Estado íntegro y transparente; finalmente una Economía Social de Mercado, al servicio del desarrollo y un crecimiento equitativo y sin abusos (“Una Nueva Constitución para Chile. Compromiso de ChileVamos con una Casa para Todos, viernes 8 de julio de 2022).
El momento para dar a conocer la propuesta es relevante por dos razones: por el alza del Rechazo en las encuestas, y porque “ex Presidentes y destacados dirigentes políticos, sociales y culturales han planteado reflexiones relevantes, profundas y oportunas”, como señala el mismo documento.
Más discutible resulta que la centroderecha instale este tema en medio de la campaña, en circunstancias que la votación del 4 de septiembre será sobre la carta propuesta por la Convención, y una evaluación de su trabajo, hoy mal valorado por la ciudadanía. Es probable que esta creatividad de los partidos contribuya a cambiar parcialmente el giro de la discusión, en una forma poco útil para el Rechazo.
El presidente Boric estuvo jugado muchas veces por el cambio constitucional, como lo había manifestado en su programa y durante su campaña.
Hoy tiene una posición relativamente ambigua, en dos líneas: por una parte, porque pide que no se juzgue a su gobierno en el plebiscito, como lo dijo en el discurso de entrega del proyecto de constitución el 4 de julio, pero por otro lado ha sido bastante claro y explícito en apoyar esta nueva constitución y llamar a votar por ella, e incluso este viernes habría existido una reunión de coordinación de campaña con el Partido Socialista en La Moneda.
En este sentido, creo que hay dos almas en el gobierno que se manifiestan en diferentes momentos, y el Presidente Boric no es ajeno a ello: el ministro Jackson ha señalado que la aprobación de la nueva constitución es una condición de posibilidad para el éxito del gobierno, mientras que el presidente Boric ha sostenido que se puede avanzar en su programa aunque gane el rechazo. Es otra muestra del aprendizaje político que implica llegar al Palacio.
En las últimas semanas el gobierno ha tratado de desmarcarse del Apruebo o bien del resultado del plebiscito, al menos por tres factores.
El primero es por el avance de la opción rechazo en los últimos meses, según han reflejado diferentes encuestas: sería un argumento de realismo político.
La segunda razón es porque si se vinculan directamente, la derrota significaría un gran fracaso en su primer año, con todo lo que ello implica, como la pérdida de fondo político de la administración.
La tercera línea es porque hay posturas divergentes en el Ejecutivo, como muestran las mencionadas posturas del ministro Jackson y del Presidente Boric.
A todo esto podríamos agregar un cuarto factor: si el problema constitucional emergió como el número uno en las preocupaciones y en las soluciones de la clase política el 15 de noviembre de 2019, hoy sin duda son más relevantes para la población la situación económica, la seguridad y delincuencia.
Esa debería ser la tarea principal de una administración que hoy aparece sobrepasada, y sin capacidad efectiva para superar esos desafíos.
Otro antecedente político y constitucional es que el propio Presidente de la República ha “ninguneado” a los gobernantes de la Concertación, de manera al menos injusta e imprudente.
Uno de los aspectos más importantes de su discurso del 1 de junio de 2022, ante el Congreso Pleno, fue el siguiente párrafo, que hacía una reflexión sobre la historia y la república: “Por acá pasó también Eduardo Frei Montalva y la promoción popular, el compañero Salvador Allende y la nacionalización del Cobre, Patricio Aylwin y la recuperación de la democracia, Michelle Bachelet abriendo caminos inexplorados con la protección social”.
¿Será por eso que Ricardo Lagos y ahora Eduardo Frei Ruiz-Tagle se desmarcan del texto de la Convención y que apoya el gobierno de Boric? Me parece que el tema de fondo es otro, y no debe ser analizado desde la pequeñez política.
Lo señaló adecuadamente el ex Presidente Lagos en su entrevista en CNN: se requiere un “acuerdo constitucional final” desde el 5 de septiembre, porque hoy Chile está más desunido que cuando comenzó el proceso constituyente. Por lo mismo, manifestó su aflicción de que el país “se convierte en fratricida” a la hora de hacer una carta fundamental.
En el caso de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el expresidente DC fue muy contundente: él tiene “discrepancias insalvables” con el texto emanado de la Convención, que a su juicio incluye “varios contenidos de esta propuesta, los que considero comprometen la paz, el desarrollo y la prosperidad de nuestro país”.
Entre ellos menciona el sistema político, el riesgo de control político de los jueces, la forma de regionalización y la plurinacionalidad: “En este marco, anuncio que votaré Rechazo y exhorto a todos quienes comparten esta posición a comprometerse para cumplir con los objetivos del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución de noviembre de 2019, de contar con una Nueva Carta Fundamental” (Declaración del Ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 8 de julio de 2022).
En la actualidad, la Democracia Cristiana vive su propio problema interno, que muchos ven reflejado en la división de posturas sobre el plebiscito del 4 de septiembre: el PDC oficialmente se definió por el apruebo, pero el ex Presidente Frei votará rechazo, como lo harán numerosos ex presidentes de la colectividad, senadores y diputados, su convencional, ex ministros y ciertamente parte del pueblo DC.
No obstante, el problema ilustra otra realidad, que deberá ser analizada: es la muerte espiritual de la Democracia Cristiana, el partido más importante de la segunda mitad del siglo XX, con honda raigambre social, hoy devenido en una colectividad dividida, con pérdida de presencia social y de votación popular, con doctrina difusa y falta de liderazgos potentes.
La revolución de octubre, el proceso constituyente y la elección para la Convención en mayo de 2021 representaron, en buena medida, la muerte del Chile de la Concertación y de ese conglomerado.
Sin embargo, la clausura del trabajo de los convencionales y la entrega de la propuesta ha permitido un renacimiento parcial de los líderes concertacionistas y, –más importante todavía–, la posibilidad de recuperar una forma de comprensión política e interpretación histórica sobre una etapa crucial en el Chile reciente: los famosos “30 años”.
El contraste con el presente económico, la falta de seguridad en la convivencia diaria y la potencia en los liderazgos, ciertamente también contribuye a este replanteamiento.
Alejandro San Francisco, académico Universidad San Sebastián y Universidad Católica de Chile. Director de Formación Instituto Res Pública.
