Los ensayos constituyentes de estos últimos años lograron poner muchos temas en la discusión pública, con mayor o menor profundidad, pero con clara expresión en los textos constitucionales que fueron votados y derrotados el 4 de septiembre de 2022 y el 17 de diciembre de 2023. Si fuera medido en términos generales, el primer proceso se definía por más Estado, frente al segundo que privilegiaba a la sociedad civil y a las personas, aunque también requería la fundación de numerosas instituciones estatales con posterioridad a su eventual aprobación. Desde el punto de vista conceptual, hay una diferencia ideológica clara, que radica en cifrar mayormente en el Estado las posibilidades del progreso nacional o bien hacerlo en las personas y los cuerpos intermedios de la sociedad.
El asunto tiene una gran importancia histórica y política, teórica y práctica; a veces marcha en forma coherente y en otras se expresa de manera contradictoria. Sin embargo, las noticias de estas últimas semanas vuelven a poner en la palestra el tema del Estado, de manera que será cada vez más difícil revertir. Por una parte, el gobierno ha insistido en su doble propuesta de aumento de impuestos: por una parte, la reforma tributaria del ministro Mario Marcel, por otra parte, el impuesto al trabajo en las cotizaciones para las pensiones. En ese plano –aunque la información es contradictoria– han surgido noticias que indican que habría sectores de Chile Vamos que estarían abiertos a llegar a acuerdos con el gobierno en sus reformas, quizá para subir parte de los impuestos en el pacto tributario, e igual cosa en la reforma previsional. Habrá que ir aclarando posiciones, sin duda alguna.
La otra información preocupante es que, en medio de un país que no ha crecido este 2023, con disminución en la inversión y en las oportunidades para los chilenos, queda comprobada una vez más una penosa contradicción: la desocupación ha completado 13 meses consecutivos de alzas, en tanto ha subido la creación de empleos en el sector estatal e informal. Con ello no solo crece el aparato público de manera absurda, sino que se encarece y también se hacen necesarios más recursos para financiarlo, con la sospecha de que no son necesarios tantos cargos y de que muchas veces recaen en personas vinculadas a los partidos políticos, lo que parece más pago de favores y acumulación de poder que otra cosa. En otras palabras, se trata del Estado botín, más que el Estado al servicio de las personas, las familias y de los más pobres.
Realizar esta crítica no obedece a un prejuicio ideológico, sino que es una constatación empírica. El Estado no está cumpliendo bien sus tareas propias, aquellas en las que su labor es indelegable a nivel nacional: una de ellas es la seguridad pública y el combate a la delincuencia. Es razonable que no se piense en que cada chileno deba defenderse de los delincuentes por sí mismo o con sus vecinos y amigos. Pero mucho más claro resulta que el Estado debe resolver este problema con eficiencia, prontitud y justicia, lo que no ocurre así, como es evidente. En otros planos también está al debe: en políticas sociales de vivienda, en lo que le corresponde en la educación básica y media, en las listas de espera en los hospitales y en tantas otras áreas donde se aprecia la lentitud, indolencia o incapacidad para hacer frente a los problemas nacionales.
Como contrapartida, llevamos más de una década con decisiones claramente negativas y contrarias a un buen desarrollo del Estado y un adecuado servicio a la sociedad:
-Se han aprobado alzas de impuestos en los últimos gobiernos y siguen pendientes otros aumentos.
-Se han creado más ministerios y organismos estatales (también en la constitución rechazada).
-Han existido más contrataciones en el sector estatal, de manera permanente.
-Por diferentes razones, el Estado y las municipalidades aparecen capturados por los partidos y los amigos.
A este ritmo se hará cada vez más difícil financiar al Estado chileno tan cual ha ido evolucionando. Hoy Chile tiene el Estado más grande de su historia, con más funcionarios y costos, con más organismos y gastos, con un relativo consenso político en el sentido de que es necesario mantener su tamaño o aumentarlo, pero con escasa presencia relevante de partidos o líderes que logren guiar la discusión en la dirección contraria.
En el crecimiento inorgánico del Estado de las últimas décadas no parece haber definiciones doctrinarias de fondo, que permitan pensar en un cambio conceptual decisivo, en la línea de lo que estudió Mario Góngora en su debatido Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX (Ediciones La Ciudad, 1981). Entre 1915 y 1935 Chile experimentó, efectivamente, un cambio cualitativo importante a comienzos del siglo XX cuando pasó de la libertad política al concepto económico de gobierno, según explicó el propio Góngora en otro artículo muy profundo aunque menos conocido. Después de 1973 el país nuevamente redefinió la función del Estado, a través del concepto de subsidiariedad, que implicaba definir una prioridad de las personas y las agrupaciones intermedias, con una presencia clave del Estado en sus funciones propias y de apoyo decisivo en aquellas áreas que los particulares no pudieran cubrir y que fueran relevantes para el bien común.
La situación de estos últimos quince años –por poner una fecha aproximada– me parece que es diferente. El Estado ha crecido de manera impresionante, en el marco institucional de la misma Constitución de 1980 o de 2005, como prefiera llamársele. Los distintos gobiernos han creado nuevos ministerios, los presidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet promovieron alzas de impuestos, los partidos apoyaron esa fórmula de crecimiento del Estado, que cada vez tiene más funcionarios públicos y mejor pagados, tanto a nivel central como en las municipalidades y en otros tantos órganos surgidos con promesas de mejoramiento social, pero sin control de resultados.
Chile deberá enfrentar con seriedad el problema del Estado, tanto desde una perspectiva teórica como en el orden práctico. El crecimiento permanente de los organismos estatales, de los funcionarios y de los sueldos, hace cada vez más difícil mantener este tremendo buque, de utilidad al menos dudosa o insuficiente, y de inutilidad en temas de gran relevancia. Por lo mismo, la creatividad política solo tiende a repetir las mismas soluciones de siempre: seguir aumentado el tamaño del aparato estatal y subir los impuestos para poder pagar las exigencias cada vez mayores del sistema.
No se trata de saber si hoy es o no el momento de subir los impuestos o hay que esperar un par de años más, como suele aparecer en la discusión de estos temas. Es preciso cambiar el modo de pensar y de orientar los esfuerzos de la sociedad, antes que el Estado la termine consumiendo.
