La realidad económica ha comenzado a mostrar su peor cara. En un sector que ha estado visitado por el terraplanismo y las ideologías, pocas cosas resultan más fuertes que los hechos.
En este ámbito, es evidente que la situación es los últimos tres años -y probablemente de los próximos- ha sido considerablemente peor que la existente en las décadas anteriores, al menos desde 1984 en adelante.
Hoy la economía muestra una parálisis y la inversión proyectada para el 2023 presenta una caída dramática. La agencia Bloomberg ha expresado, sin eufemismos, que Chile “ Favorito de Latinoamérica, ahora es más riesgoso que caótico Perú”. Triste, pero así nos perciben desde hace algún tiempo.
Como sabemos, desde mediados de la década de 1980 -y tras una severa crisis económica- Chile experimentó un proceso de constante crecimiento, que muchos apreciaron como un milagro, cuando en realidad era el fruto de instituciones sólidas y políticas económicas adecuadas.
La Concertación de Partidos por la Democracia consolidó, desde La Moneda, una fórmula que significó un crecimiento económico estable y mejoramiento visible en numerosos aspectos sociales, como la reducción de la pobreza o el acceso a ciertos bienes que permiten una mejor calidad de vida.
Incluso en el sexenio del presidente Ricardo Lagos se produjo una reducción de la desigualdad, que mostraba avances en un tema que se había manifestado difícil de enfrentar y que era preocupante para el mundo político.
Por diversas razones, los primeros quince años de la democracia chilena tuvieron mejores resultados que los quince años siguientes, con todo lo que ello implica desde una perspectiva económico-social.
Todos los índices económicos y sociales tuvieron buenos números y mejoraron la calidad de vida de las personas, aunque desde el 2006 en adelante ese progreso se ha ralentizado, deteriorado o detenido.
De esta manera, el crecimiento dejó de ser una prioridad y los números han sido francamente pobres en los últimos tres lustros; por otro lado, diferentes gobiernos optaron por la fórmula facilista y torpe de subir los impuestos, en vez de apostar por un crecimiento efectivo, con todo lo que ello implica en cuanto a incremento de recursos para el Estado.
Como resultado, la máquina funciona más mal, lenta y gastada, lo que se suma a cambios ideológicos que parecen no advertir la relevancia del desarrollo económico para una sociedad más libre y justa.
Se trata, sin duda, de un tema de fondo. El crecimiento no es un asunto meramente económico, sino que es la mejor forma de avanzar en el progreso social y de contribuir a que mejore la calidad de vida de la población.
Eso fue lo que permitió, en buena medida, la reducción de la pobreza en Chile: de un 45% en 1987 disminuyó al 38% en 1990, cuando asumió el presidente Patricio Aylwin. En los años siguientes siguió bajando en forma sistemática, sacando a millones de personas de esa condición.
A esto se sumó un mejoramiento objetivo en las posibilidades en ámbitos tan diversos como la vivienda, la salud y la educación, que permitieron a Chile ubicarse en el primer grupo en el Índice del Desarrollo Humano del PNUD, así como ingresar al grupo de los países de la OCDE.
En la última década la tendencia ha cambiado. Hoy Chile tiene más pobres que hace cuatro o cinco años; si en 2010 había 26 mil familias viviendo en campamentos, al 2022 la cifra se ha triplicado; numerosos jóvenes no encuentran oportunidades laborales y pasan a formar parte de ese medio millón de “ninis” que debiera avergonzarnos como sociedad.
En definitiva, hemos vuelto a ver problemas que parecían desterrados o iban en esa dirección, en los años del crecimiento económico y el progreso social. En otras palabras, cuando todo parecía predispuesto para alcanzar el desarrollo, una vez más este se ve frustrado y nos invita a seguir esperando hasta la próxima oportunidad.
Este 2022 la realidad nacional presenta otras dificultades. Entre ellas podemos mencionar el aumento del costo de la vida -tenemos la inflación más alta en décadas-; un nulo crecimiento de la economía, que incluso podría conducir a una recesión del país; una caída drástica en la inversión, que tendrá dolorosas consecuencias en la creación de empleo; menores recursos para el fisco por la caída de la actividad productiva, que se refleja en las más diversas áreas.
Contra lo que algunos creen o sueñan, estos problemas no los resolverá una nueva constitución, tampoco una política odiosa y estéril y mucho menos el deterioro del estado de derecho y la proliferación de la violencia. El tema es mucho más complejo y requiere ser enfrentado con decisión y liderazgo, lo que no significa que no sea problemático.
En primer lugar, se requiere un cambio de mentalidad y una decisión muy clara sobre el Chile del futuro. Es necesario volver a crecer económicamente, para lo cual se requiere fomentar la inversión nacional y extranjera, despejar la incertidumbre y desarrollar todas las potencialidades del país.
No es tarea fácil, considerando que en los últimos años los incentivos han ido hacia motivar el retiro de capitales Chile y, en muchas ocasiones, a esperar el cambio en las reglas del juego.
Además, cuando un país pierde la confianza no es fácil recuperarla, por lo que la solución no vendrá de un día para otro.
En segundo lugar, se requiere comprender la íntima conexión que existe entre crecimiento económico y progreso social, tema que parece olvidado en el mundo político, o bien derechamente no se comparte esta fórmula.
En tercer lugar, Chile debe desplegar toda su capacidad y libertad para emprender, crear riqueza y promover el desarrollo, así como fomentar una solidaridad y compromiso -del sector privado y también del Estado- para que todos disfruten de la consecuencias del progreso.
Chile vive una hora sicológica, un momento crucial. Temo que el próximo 5 de septiembre sean muchos los que hablen de cambio de gabinete, negociaciones partidistas, cómo hacer una nueva constitución o incluso anticipen la discusión presidencial, ese viejo deporte nacional.
Sin embargo, la clave del desarrollo efectivo de Chile no pasa por esa discusión política -ciertamente relevante y necesaria- sino por sentar las bases para un efectivo crecimiento económico y su consecuencia necesaria e impostergable, el progreso social.
Los campamentos, las vidas que se pierden en la droga y la falta de oportunidades, las regiones abandonadas a la violencia o el subdesarrollo, las familias relegadas a su suerte y acechadas por la delincuencia, no se pueden conformar con un debate político más odioso que fructífero, demasiado frustrante para un país tan hermoso y potencialmente próspero como es Chile.
Alejandro San Francisco, académico Universidad San Sebastián y Universidad Católica de Chile. Director de Formación Instituto Res Pública.
