La violencia que hemos observado en las últimas semanas en el país se acentuó con la «celebración» del segundo año del llamado estallido social, donde se sintetiza la expresión de aquella para el logro de objetivos políticos y el continuo silencio de grupos políticos de centro izquierda, aparentemente democráticos, solo porque les conviene debilitar más al gobierno que fue elegido en 2017.
Esta vez hubo reacción por parte del subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, quien responsabilizó directamente a los candidatos a la presidencia de la república Yasna Provoste y Gabriel Boric. También fueron aludidos Fernando Atria y Catalina Pérez del Frente Amplio; el primero por su defensa del uso de la violencia para la obtención del proceso constituyente, y la segunda por tuitear la frase «Cómo quieren que no quememos todo».
Los candidatos presidenciales de la oposición acusaron al gobierno de aprovechamiento político, e incluso los diputados Silber y Ascencio presentaron un reclamo por escrito a la Contraloría, por intervencionismo electoral de la Moneda. Es difícil sostener estas acusaciones cuando aquellos no han rechazado la violencia durante dos largos años, han detenido proyectos de ley como los antisaqueo y antibarricadas, y han patrocinado directamente proyectos para indultar a delincuentes involucrados en saqueos de la propiedad pública y privada, incendios, quema y destrucción de una parte sustancial del Metro y violencia inusitada contra las fuerzas del orden.
¿Por qué ahora reaccionan? Muy simple: porque los últimos sondeos en esta materia muestran que la ciudadanía está harta de la violencia y por tanto temen que ello tenga consecuencias políticas frente al concurso electoral que enfrentarán el 21 de noviembre. Las palabras del vocero de gobierno Jaime Bellolio en una entrevista hace pocos días, ligando una eventual elección de Boric con recrudecimiento de la violencia en el país, llevaron al Frente Amplio a acusarlo de intervencionismo electoral, revelando con ello la preocupación de la oposición por el impacto en el resultado electoral de la violencia. A pocas semanas de las elecciones generales, intuimos que esta violencia les restará votos en la contienda democrática.
En el plano económico, me ha tocado participar en varios debates con parlamentarios de izquierda y he podido apreciar cómo aquellos eluden su responsabilidad frente al impacto de los retiros en la inflación, la volatilidad de las tasas de interés, incluyendo los efectos en el financiamiento hipotecario y la fluctuación del tipo de cambio. Existe una verdadera campaña de negación de estos efectos, especialmente en caso de Provoste. Ignoro porqué Boric ha sido menos vocal en estas materias económicas. Los desequilibrios mostrados en las trayectorias de la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio reflejan el impacto de los retiros de las cuentas privadas previsionales y la continua inestabilidad política que golpea al país.
Asimismo, mis cálculos para la trayectoria de PIB 2022 establecen que no es posible descartar una recesión hacia el segundo semestre de ese año, en un periodo donde la expansión del gasto público continuará marcando la trayectoria del endeudamiento público, y donde la inflación marcará también ese recorrido.
Cualquiera que llegue al poder tendrá que hacerse cargo de un país con serios desafíos económicos. Esperamos conocer las propuestas para enfrentar aquellos problemas en los próximos debates presidenciales y en las entrevistas que se presenten.