Señor Director:
La violencia en las escuelas chilenas ya no puede entenderse como un hecho aislado ni como un simple problema disciplinario. Lo que hoy observamos en muchos establecimientos es la expresión de una fractura social más profunda que termina manifestándose en el espacio donde niños y jóvenes pasan gran parte de su vida: la escuela. Como han señalado diversos especialistas, estamos frente a un síntoma estructural que combina deterioro de la salud mental, debilitamiento de vínculos, intolerancia a la frustración y pérdida del sentido de comunidad.
El error ha sido creer que esta crisis puede resolverse exclusivamente desde el reglamento interno o la sanción. La segunda gran variable es comprender que se trata de una responsabilidad social compartida. La escuela no puede enfrentar sola fenómenos vinculados a violencia familiar, consumo, exclusión o crisis emocionales sin una articulación efectiva con salud, municipios, programas de infancia y familias.
La tercera dimensión exige avanzar decididamente hacia la prevención temprana. Educar en convivencia, habilidades socioemocionales, mediación y participación estudiantil debe ser parte del currículum cotidiano y no una reacción posterior al conflicto.
A ello se suma una cuarta variable ineludible: las nuevas competencias docentes. Hoy enseñar también implica saber contener, desescalar conflictos, reconstruir vínculos y sostener la autoridad pedagógica desde la legitimidad profesional.
Finalmente, el mayor riesgo es la normalización de la violencia cotidiana. Cuando la agresión verbal, la humillación o la amenaza comienzan a percibirse como parte de la rutina escolar, el sistema pierde capacidad preventiva.
La convivencia escolar no es un tema accesorio: es la condición básica para que el aprendizaje y la formación integral sigan siendo posibles.
Aldo Montenegro – Académico Magister en Educación. Universidad Finis Terrae