Señor Director:
Desde el oficialismo se argumenta que debido a una mala calidad de los asesores y de las personas que tomaron las decisiones, no se advirtió a tiempo que la senadora Allende y la ministra Fernández no podían firmar el contrato con el Estado para vender la casa de Salvador Allende.
Si esto así fuera, quiere decir que una senadora y una ministra de Estado desconocían la prohibición expresa de convenir contratos entre ministros y parlamentarios con el Estado, señalados en los artículos 37 bis y 60 de la Constitución. De ser efectivo aquello, lo ocurrido sería aún más grave, dadas las responsabilidades en la conducción del país que tienen tanto los miembros del Congreso como los ministros, que se supone se enmarcan en lo señalado por la Constitución y las leyes.
Si miembros de dos poderes del Estado no respetan la Constitución, la señal hacia la población en general es que todo está permitido, lo que genera un riesgo incalculable en la sostenibilidad del Estado de Derecho.
Jaime Jankelevich W.
Exacto, así es
El «negociado», más allá de su constitucionalidad o incostitucionalidad reviste un problema moral. Si persigo que la casa de la hija y nieta de un prócer sean de propiedad estatal no me cabe pensar en otra cosa que no sea un traspaso donativo de parte de los herederos al estado a fin de que se honre a dico prócer o, en el recurso de la creación de una fundación, como hemos visto en otros casos. Qué vergüenza!!!
Estamos ante una cleptocracia. Que es además mitómana o ignorante… o ambas.