Señor Director:
Chile atraviesa una compleja crisis de seguridad pública. El avance del crimen organizado, la violencia urbana y la percepción de inseguridad han empujado al país hacia una lógica política donde pareciera que toda respuesta debe traducirse en más castigo, más encierro y menos reinserción. En ese contexto, nuevamente surge la intención de modificar el DL 321 sobre libertad condicional, normativa vigente desde 1925.
Sin embargo, antes de impulsar reformas motivadas por la presión mediática o el temor ciudadano, conviene revisar los datos reales. En el proceso de marzo de 2026 postularon a libertad condicional 7.260 personas a nivel nacional. De ellas, sólo 465 obtuvieron el beneficio. Esto representa apenas el 6,4% de los postulantes y sólo el 1,12% del total de población penal condenada del país, que actualmente alcanza las 41.412 personas.
Frente a estas cifras resulta legítimo preguntarse: ¿Dónde está el riesgo masivo que justificaría endurecer aún más el sistema? La libertad condicional no constituye impunidad ni “puerta giratoria”. Es un mecanismo regulado, supervisado y sujeto a exigencias legales y técnicas. Su finalidad original fue reconocer avances concretos en los procesos de reinserción social y permitir que determinadas personas continúen el cumplimiento de sus condenas bajo control en el medio libre.
El problema de fondo pareciera ser otro: la creciente tendencia a reemplazar políticas públicas racionales por respuestas simbólicas de alto impacto comunicacional. Se anuncian cárceles de máxima seguridad, restricciones extremas y modelos inspirados en realidades criminales ajenas a la chilena, mientras cuestiones esenciales —rehabilitación, salud mental, educación penitenciaria, formación laboral y modernización institucional— continúan relegadas.
La seguridad pública no se fortalece destruyendo toda posibilidad de reinserción. Por el contrario, un sistema penitenciario que abandona la rehabilitación termina profundizando el problema que dice combatir. La cárcel no puede transformarse exclusivamente en un espacio de castigo; debe seguir siendo también una herramienta de recuperación social.
Chile necesita enfrentar la delincuencia con firmeza, pero también con inteligencia. Y esa inteligencia exige comprender que reinserción y seguridad no son conceptos opuestos, sino necesariamente complementarios.
Pbro. Nicolás Vial Saavedra – Presidente Fundación Paternitas
Hay delitos en que la reinsercion no será nunca posible, el terrorista, sicario, violador, el narco, similares, deben cumplir pena integra y en cárceles de muy alta seguridad.