Señor Director:
Aunque las recientes protestas puedan interpretarse como expresiones puntuales de descontento, resulta difícil no advertir en ellas una señal más profunda sobre el estado actual del país.
Las manifestaciones, los episodios de violencia y la reiteración de conflictos en el espacio público reflejan no solo demandas específicas, sino también un deterioro en la relación entre ciudadanía, autoridad y normas de convivencia. A ello se suma un contexto marcado por incertidumbre económica, desconfianza institucional y una creciente fragmentación social.
En este escenario, la respuesta del Estado enfrenta una tensión conocida: garantizar el orden público sin desatender las causas que subyacen al malestar. Sin embargo, cuando las protestas derivan sistemáticamente en desórdenes o violencia, el problema deja de ser únicamente reivindicativo y pasa a comprometer el funcionamiento mismo de la sociedad.
La experiencia comparada muestra que la estabilidad institucional no depende solo de la capacidad de contener conflictos, sino también de la claridad en la aplicación de la ley y de la legitimidad de las normas. Sin orden, no hay inversión, no hay crecimiento y tampoco condiciones para el desarrollo social.
Chile ha enfrentado ciclos similares en el pasado, donde la ambigüedad frente a la violencia terminó profundizando la crisis en lugar de resolverla. Por ello, el desafío actual no es menor: requiere conducción política, coherencia institucional y una señal clara respecto de los límites que sostienen la vida en común.
Este no parece ser un momento para respuestas ambiguas. Es un momento para restablecer confianzas, reforzar el Estado de derecho y abordar las causas del conflicto sin renunciar al orden. De lo contrario, el costo no solo será político, sino también social y económico.
Cristóbal Laimbock – Fundación para el Progreso
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