Señor Director:

En su provocadora columna «Galgos y maternidad subrogada», Javiera Bellolio se pregunta si, al igual como ocurre con las carreras de galgos, debiese también prohibirse la gestación subrogada (GS), pues una ley «no puede convertir en justo lo que es injusto».

Pero el punto de partida de esta discusión es precisamente si toda forma de gestación subrogada es, en sí misma, injusta. No es moralmente equivalente una práctica que explota la vulnerabilidad económica de una mujer o transforma la gestación en una transacción comercial a la decisión libre e informada de una mujer adulta que acepta gestar para otra persona, como puede ocurrir entre hermanas. La autonomía no resuelve por sí sola todos los problemas éticos que plantea la GS, pero constituye una diferencia moral que no debiera ignorarse.

La regulación no pretende convertir en justo lo que es injusto, sino precisamente distinguir qué prácticas pueden admitirse y bajo qué condiciones y cuáles deben quedar prohibidas. De allí la necesidad de establecer límites rigurosos destinados a impedir cualquier forma de explotación o intermediación comercial.

Pero hay además un segundo aspecto que una prohibición no resuelve: la protección de los niños que nacen mediante estas técnicas. Reconocer que tienen los mismos derechos que cualquier otro niño resulta insuficiente si no están claramente definidas su filiación, inscripción y las responsabilidades parentales desde el momento de su nacimiento. Incluso si se considerara reprochable la decisión de los adultos de recurrir a una gestación subrogada, las consecuencias de esa decisión no debieran recaer sobre el niño.

No se trata, entonces, de regular porque la gestación subrogada sea un hecho consumado o porque resulte imposible impedirla. Se trata de regular porque existen bienes y derechos que el Estado tiene la obligación de proteger.

Sofía Salas Ibarra – Docente investigadora en Bioética, Universidad del Desarrollo