Señor Director:
El Cuerpo de Generales y Almirantes (r) de la Defensa Nacional, ante el debate nacional surgido en las últimas semanas respecto del rol y nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema, ha estimado necesario hacer público su parecer, ya que existe evidencia empírica que demostraría que algunos magistrados no parecieran aquilatar la dimensión de la función que el Estado les ha confiado y conferido.
Estas altas autoridades del Poder Judicial deben prescindir de sus lealtades personales y de sus propios intereses, y evitar que exista opacidad y poca transparencia en sus nombramientos.
En este contexto, es de público conocimiento que nuestro sector -miembros de las FF.AA. en condición de retiro- ha sufrido por décadas una implacable persecución por parte de la administración del Estado y de sectores políticos. En algún momento, tal vez infundadamente, abrigábamos la esperanza que el Poder Judicial actuara “prescindiendo” de sus lealtades o sesgos de cualquier orden, pero la realidad nos ha demostrado que la mayoría de los jueces especiales y de las cortes, se han sumado a esta persecución inmisericorde, donde no se respetan los derechos fundamentales que a todo chileno le corresponde.
Cuando se investiga y condena a ex uniformados en casos de DD.HH., creemos que ha prevalecido una arista de carácter ético, entendiendo por aquello, que los jueces en sus fallos estarían influenciados por factores exógenos como sus creencias y visiones -en algunos casos- marcadamente ideologizadas.
El concepto de “lesa humanidad” ha sido desnaturalizado en su interpretación y aplicación, pues existen evidencias que se invocan en la Ley 20.357 del 18 de julio de 2009, que indica en su artículo 44, la prohibición explícita de aplicarla retroactivamente.
Es incomprensible que jueces ordenen el cumplimiento efectivo de penas sustentadas en débiles o definitivamente inexistentes presunciones jurídicas a ancianos, hombres y mujeres aquejados de patologías irreversibles, y además los envíen a recintos carcelarios colapsados, que no tienen ninguna condición de infraestructura y soporte médico normado para este tipo de internos.
Es aberrante comprobar cómo se evitan o tergiversan normas que explicitan alternativas de cumplimiento de penas debidamente señaladas en nuestro ordenamiento jurídico nacional y en la normativa internacional suscrita por Chile, en consonancia con el Derecho Internacional Humanitario.
Es más, hay conductas o prácticas reiteradas que se desarrollan para negar la accesibilidad a los derechos que tiene todo interno relativo a beneficios penitenciarios, siendo ello un trámite largo y tortuoso; hemos comprobado desde hace largos años que su resultado es siempre negativo, aun cuando se cumplan todos los requisitos explicitados en la normativa vigente.
Nos sorprende observar cómo ministros de la Corte Suprema acomodan la designación de los ministros que integrarán la correspondiente sala penal de manera de lograr las condenas que ya tienen previstas, normalmente basadas en presunciones jurídicas.
Si se va a investigar a los jueces por sus faltas de ética ¿no sería justo que se investiguen sus nombramientos y los aludidos fallos? Aspiramos a que algún día se investigue y sancione a aquellos que han abandonado su deber ético en la administración y la aplicación del Derecho.
Álvaro Guzmán Valenzuela – General de Brigada. Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes (r) de la Defensa Nacional.
Lo que manifiesta el Cuerpo de Generales y Almirantes (r) de la Defensa Nacional, ocurre porque ha primado la venganza política por sobre el genuino deseo de justicia.
Al respecto, la izquierda y especialmente los comunistas, tienen una responsabilidad histórica con Chile, el que por falta de una verdadera e imparcial justicia, sigue dividido.
Una historia que comienza con
la diferencia en la aplicación de los indultos presidenciales durante el Gobierno Militar y el trato desigual hacia los exuniformados, en diferentes períodos de la historia reciente de Chile. Mientras a muchos terroristas y extremistas que cometieron actos violentos como asesinatos, secuestros y atentados se les respetaron los indultos otorgados, los exuniformados que también fueron indultados -motivados por el sector político ya nombrado- han sido perseguidos y encarcelados en las última décadas. Situación que refleja el abuso de la justicia con claras motivaciones políticas e ideológicas.
Durante el Gobierno Militar, se concedieron indultos a individuos involucrados en actos terroristas. Sin embargo, tras el retorno a la democracia, la justicia chilena comenzó a perseguir a exuniformados que ya habían sido indultados, ignorando deliberadamente estos indultos. Este trato asimétrico genera una sensación de injusticia, reforzando la idea de que la justicia en Chile ha sido manipulada con un claro sesgo ideológico.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta persecución judicial ha sido la aplicación de la retroactividad de la ley, algo que es considerado ilegal en cualquier Estado de derecho. A pesar de los principios jurídicos que prohíben la aplicación de leyes retroactivas, en muchos casos la justicia chilena ha recurrido a este mecanismo para condenar a exuniformados por actos que, en el momento en que ocurrieron, no eran considerados delitos bajo la legislación vigente. Esta aplicación de la retroactividad ha sido una herramienta clave en la persecución de exmilitares, carabineros y policías, en un proceso que parece estar motivado más por venganza política que por un deseo genuino de justicia.
A esto se suma el uso de un sistema judicial paralelo, previamente derogado, que se ha reactivado específicamente para juzgar a exuniformados. Este sistema, obsoleto y con garantías procesales limitadas, ha sido empleado para condenar a personas que cumplían con órdenes superiores en un contexto de grave convulsión social. Además, en algunos casos, se ha recurrido a la ficción jurídica, condenando a exuniformados solo por haber pertenecido a una unidad militar, sin que existan pruebas claras de su participación directa en los hechos.
Otro abuso ha sido la reapertura de casos ya juzgados, que se han reactivado bajo la figura de crímenes de lesa humanidad, lo que permitió eludir los principios de cosa juzgada y prescripción. Esto ha llevado a que exuniformados, muchos de ellos en edad avanzada y con problemas de salud, enfrenten largos procesos judiciales, a pesar de que sus casos ya habían sido cerrados.
Por otro lado, los terroristas y extremistas que participaron en actos de violencia extrema contra uniformados y civiles han sido amparados en los indultos y han gozado de libertad sin mayores consecuencias. Muchos de estos individuos, responsables de actos de terrorismo diseñados para desestabilizar al Estado, han sido rehabilitados e incluso ocupan cargos en la vida pública y política del país, lo que contrasta notablemente con el trato hacia los exuniformados.
Este desequilibrio no solo es injusto hacia aquellos que sirvieron al Estado en condiciones difíciles, sino que también perpetúa una narrativa histórica incompleta. Los uniformados que fueron atacados o asesinados no estaban en medio de enfrentamientos armados, sino que fueron víctimas de emboscadas y atentados por el simple hecho de portar un uniforme y cumplir con su deber de mantener el orden. Sin embargo, sus historias no están reflejadas en los museos de la memoria ni en los relatos oficiales.
La manipulación de la justicia, mediante la retroactividad de la ley, la creación de ficciones jurídicas y el uso de un sistema judicial paralelo, ha permitido la persecución de exuniformados mientras que a los terroristas se les ha otorgado impunidad. Esta aplicación desigual de la justicia ha generado una profunda división en la sociedad chilena, perpetuando una memoria fragmentada y selectiva de los acontecimientos históricos.
Para que haya una verdadera reconciliación en Chile, es crucial que se aplique la justicia de manera imparcial. No puede haber un trato diferenciado para los crímenes cometidos por el Estado y los crímenes cometidos por grupos terroristas. Todos los crímenes deben ser juzgados con el mismo rigor, y todas las víctimas, sin importar su rol, deben ser reconocidas. Los indultos otorgados a los exuniformados deben ser respetados de la misma manera que se respetaron los indultos a los terroristas.
Solo cuando se aplique la justicia de manera equitativa, sin manipulación política, será posible avanzar hacia una verdadera reconciliación nacional. La memoria histórica debe incluir a todas las víctimas, sin distinciones ideológicas, y así construir una memoria completa, equilibrada y justa, que honre el sufrimiento de todos los chilenos que vivieron los años de violencia política.
Me gustaría que el señor Slater Escanilla aclarara a qué se refiere y en quienes se basa para afirmar que «muchos de estos individuos, responsables de actos de terrorismo diseñados para desestabilizar al Estado, han sido rehabilitados e incluso ocupan cargos en la vida pública y política del país».
Como lo denuncio fundamentadamente en los libros de mi autoría titulados «PREVARICATO. Análisis crítico de procesos judiciales contra militares que debieron afrontar la violencia revolucionaria» y «PROCESOS SOBRE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades»,
las sentencias que condenan a militares y a carabineros llegan a extremos tan aberrantes y repugnantes que solo pueden calificarse como “canalladas cometidas por jueces abyectos”; como la dictada recientemente por un ministro en visita extraordinaria que, al no poder acreditar la participación del inculpado en el hecho punible, lo condenó porque “no importa la función que cumpliera, en este caso en el Regimiento Tucapel, el acusado era partidario de una dictadura militar, de un régimen donde se detenía, apremiaba y ejecutaba a las personas, luego entonces corresponde imputarle penalmente su responsabilidad”. Es decir, para dicho Ministro no importa si el acusado participó o no en el delito; para condenarlo bastaba el hecho de que era militar.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política