Señor Director:
La corrupción y malversación de fondos públicos no es un fenómeno nuevo en nuestra sociedad. Ya en 1800 Simón Bolívar hubo de combatirla, pero lo hizo poniendo el mejor incentivo, la pena de muerte a los funcionarios públicos que hubieren malversado fondos.
En efecto, el 2 de enero de 1824, el Señor General Simón Bolívar, decreta la pena de muerte para todos los funcionarios públicos que hayan “malversado o tomado para sí” parte de los fondos de la nación, así como para los jueces que no cumplan con su decreto.
Su decreto es simple, pero valdría la pena ser estudiado por nuestros parlamentarios.
“Teniendo Presente:
1°– Que una de las principales causas de los desastres en que se han visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han invertido en ellos;
2°– Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar:
Artículo 1°– Todo funcionarios público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital.
Artículo 2°– Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena.
Artículo 3°– Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el Artículo 1°”.
Quizás la pena de muerte es una medida demasiado drástica para nuestros tiempos, pero pena de cárcel efectiva podría ser un buen incentivo para mantener las manos fuera de la plata que con tanto esfuerzo pagamos de nuestro trabajo y para no evadir esta ley.
*Michèle Labbé C. – Investigadora Facultad de Economía y Gobierno. Universidad San Sebastián