Señor Director:
La última encuesta Plaza Pública Cadem reveló que el 42% está de acuerdo con cancelar el show del cantante Peso Pluma del próximo Festival de Viña del Mar, mientras que el 55% está en desacuerdo. Asimismo, si se decidiera cancelarlo, el 61% cree que sería un acto de censura. Por otra parte, llama la atención que el 60% de los encuestados cree que el género urbano fomenta conductas delictuales relacionadas con el narcotráfico.
Como sabemos, en medio de una áspera polémica, la semana pasada, la comisión organizadora de dicho festival decidió mantener la programación de este cantante mexicano. Para tal determinación se esgrimieron razones jurídicas, las que escaparían a la jurisdicción municipal.
Cabe sincerar, de una vez, lo que realmente sucede. Quizás sea el temor a la censura (que, recordemos, proviene de examinar, hacer un juicio crítico), por más evidente y razonable que sea su necesidad. O tal vez sea por la paralizante perplejidad debida al ruido de ciertas mayorías, o a perder ingresos económicos u otras razones que no se declaran abiertamente. ¿Qué hubiera pasado si el artista promoviera canciones que no hicieran más que denostar a la mujer o que defendieran el maltrato animal o la inexistencia del cambio climático, por citar algunos temas controversiales?
En este caso, por más popular y rentable que resulte la cultura transformada en espectáculo, estamos en presencia del uso de recursos públicos. Es por eso que el Estado debe responder, pues “está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible” (CPCH, art. 1). De ahí que la ley que rige el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la ley sobre el Consejo Nacional de Televisión (que promueve “el permanente respeto… a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud”), y la ley orgánica que rige TVN (la que le exige “defender y promover… la cultura y la educación”), así como su concreción en todo evento de esta naturaleza, debieran subordinarse a este servicio y no a otros, máxime si es público y se costea con fondos municipales.
Más que un debate sobre la legitimidad de la apología de la cultura narco y el delito, quizás el tema de fondo es que discutamos y nos decidamos a erradicar la apología de la hipocresía, del acomodo y del resquicio, de la tibieza y de la falta de sentido común. El Estado de Derecho, más allá del liviano peso artístico de turno, parece seguir en retirada.
Ignacio Hüe W. Centro de Extensión y Estudios. Universidad San Sebastián
De acuerdo pero, por desgracia, así estamos en los temas culturales. De la mano con la devolución de las letras robadas al «artista» en lugar de restituirlas a los afectados por el robo. Por supuesto con una justificación legalista. Digno de Ripley.