Señor Director:
Me dirijo a usted con la firme preocupación de abordar la negación del uso legítimo de la fuerza para restaurar el estado de derecho por parte del gobierno actual. Este acto socava los fundamentos mismos de nuestra democracia, al atacar directamente la voluntad soberana. Nos encontramos ante un Poder Ejecutivo cuyo origen está marcado por la violencia y que, al menos de manera pasiva, parece ser cómplice de la delincuencia y el terrorismo.
Las raíces de este problema son variadas y complejas. Entre ellas, destaca el sombrío legado del Partido Comunista, responsable en la historia del asesinato de aproximadamente cien millones de personas, superando en números al Partido Nazi. Es evidente que partidos con semejante historial y adherencia a una ideología dogmática no pueden ser los arquitectos de soluciones que vayan en contra de su propia esencia.
Por otro lado, en Chile se observa una falta alarmante de una oposición política genuina y eficaz. Esta ausencia deja a la ciudadanía a merced de un Presidente que no cumple ni siquiera con su deber primordial: proteger la vida de todos los chilenos. El daño sufrido por Chile bajo este gobierno es palpable en diversos ámbitos, y es imperativo señalar que el pueblo también tiene una gran responsabilidad en permitir que una clase política ineficiente dirija el destino de nuestro país.
Juan Eyzaguirre Letelier – Abogado
Así es, pero para ser justo y ecuánime, ese vacío, falta de liderazgo, de convicción y valentía, viene desde gobierno anterior de Piñera, un desastre…..
Concuerdo con el tenor de la carta y con el comentario pero yo me iría más atrás, a la revolución pingüina que enfrentó a Carabineros y no fue reprimida eficazmente. Pareciera que fue el punto de partida para esa pérdida de respeto que siguen demostrando los overoles blancos.
Excelente carta! Clara, precisa y concisa.
En relación con la preocupación del columnista por la negación del uso de la violencia física legítima del Estado para restaurar el Estado de Derecho por parte del gobierno actual, cabe comentar que ello se explica por razones ideológicas y por el temor de los gobernantes de ser acusados de «violación de derechos humanos» si hacen uso de la fuerza, permeados por el “discurso de los derechos humanos”, que considera violatoria de tales derechos cualquier acción destinada a reprimir la delincuencia, el vandalismo, el flagelo terrorista o la insurrección revolucionaria. Dicho discurso es un arma estratégica del comunismo —los mayores violadores de los derechos humanos del mundo— y de quienes promueven el terrorismo y la insurrección revolucionaria para quitar legitimidad al uso de la fuerza y desarmar psicológica y moralmente a quienes, por deber de autoridad, están obligados en justicia a aplicar la violencia física legítima para reprimir a quienes subvierten el orden social.
La lenidad de las autoridades, que no se atreven a usar la fuerza y a respaldar una enérgica actuación de las policías —y de los militares, cuando cooperan a las tareas de control del orden público— induce a un actuar pasivo de ellas y a no actuar como corresponde, ejerciendo la función que les es propia; por el comprensible temor de sus miembros de que si lo hicieren serían expulsados de las filas de sus instituciones y perseguidos, humillados y condenados a severas penas de presidio por “abuso de la fuerza” o por “violación de los derechos humanos.
Lamentablemente el Estado de Chile no hace uso de su poder; poder que es definido por Max Weber como “la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y sea cual fuere el fundamento de esa resistencia”.
El hecho concreto es que quien gobierna es el que tiene el poder. La idea de potestad descansa, en último término, en la posibilidad de usar la fuerza física. De allí la necesidad de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden.
Tales fuerzas constituyen la instancia final a la que la nación recurre en las situaciones más extremas. Es muy imprudente minimizar a dichas instituciones o inhibirlas para el cumplimiento de sus tareas, funciones, misiones u objetivos: la seguridad externa e interna del Estado.
Finalmente cabría preguntar: ¿Cómo es posible el absurdo de que el puerto de Coronel lleve dos meses paralizado por un pequeño grupo de “manifestantes” o que el Poder Judicial por cerca de seis años no haya logrado recuperar un inmueble de su propiedad que sería habilitado como un nuevo Juzgado?
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política