Señor Director:
A raíz del despido de la ex directora regional del Servicio de la Mujer y Equidad de Género de Los Ríos, Isabel Amor, y lo sórdido de este hecho, comento lo propio y otras ex directoras regionales de dicho Servicio.
Fuimos despedidas colectivamente en los primeros seis meses de instalación de este gobierno el año 2022. En ese período la ley obliga a fundamentar. En busca de estos fundamentos se articuló un montaje con la asociación de funcionarios, que, en mi opinión, es el brazo político del servicio.
Describo el modus operandi: una funcionaria acusa de “mal trato” a la directora regional de turno e inicia un protocolo. A la directora regional se le notifica el inicio de un sumario administrativo y prontamente se ejecuta el despido, sin que la investigación sumarial concluya, lo que vulnera gravemente el principio de inocencia proclamado en nuestra Constitución.
Al igual que a Isabel Amor, nos despidieron invocando “pérdida de confianza” y fundando el hecho en argumentos inverosímiles. Fue así como despidieron a las directoras de: Antofagasta, Coquimbo, O’Higgins (mi caso), Talca, Aysén y Magallanes y Antártica Chilena, todas nombradas por la Alta Dirección Pública (ADP), más otras jefaturas nacionales.
O sea, apenas asumió este gobierno descabezó a más de la mitad del país sólo en este servicio.
Ahora, los daños personales a cada una de nosotras y el mal trato institucional sufrido por este abuso de poder que atentó contra nuestra honra por la autoridad del Servicio, simplemente fue feroz. Actuó de manera violenta y nos dejó sin opciones de defensa, marginándonos de la igualdad de trato que tanto se pregona.
Por lo anterior, es urgente acordar que los gobiernos respeten los nombramientos de la Alta Dirección Pública, institución que ha aportado por más de 20 años a la profesionalización del Estado. Se debe acordar que estos nombramientos ADP no son de confianza, sino el resultado de procesos exigentes de altas competencias técnicas de sus postulantes que deben responder al servicio y también a la ADP a través de planes a tres años, con seguimiento y evaluación técnico profesional. No es político.
Por lo anterior, rescato lo dicho por Nicolás Eyzaguirre sobre la confianza del cargo donde distingue a los que pertenecen a una “comunidad política ideológica”, criterio con el cual se nombran funcionarios verdaderamente de confianza, como ministros, subsecretarios, embajadores, etc.
Es necesario, entonces, que se comprenda que los nombramientos de la ADP entran a una categoría superior que va más allá de la esfera subjetiva de creencias y vivencias personales, pues ser funcionaria ADP es ser funcionario del Estado de Chile y no funcionario de un Servicio o Ministerio en particular.
Danusia Rivas Weber. Ex Directora Regional de O’Higgins Servicio de la Mujer y Equidad de Género
Una vergüenza, pero así son las cosas en nuestro querido Chile.
Es lo mismo que quieren hacer con las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, a fin de que dejen de ser lo que son; que dejen de ser lo que tienen que ser: fuerzas al servicio de la nación y no al servicio del gobierno de turno.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política