Señor Director:
El 27 de diciembre de 2023, entre Navidad y Año Nuevo, Codelco y SQM anunciaron un acuerdo directo para explotar el litio del Salar de Atacama -pertenencias mineras de Corfo- hasta el año 2060, sin licitación pública alguna. La Contraloría tomó razón del contrato recién el 19 de diciembre de 2025.
El economista Jorge Quiroz -hoy ministro de Hacienda- estimó en su momento, mediante un estudio de 75 páginas encargado por el Grupo Errázuriz, que el Estado chileno dejó sobre la mesa aproximadamente USD $5.200 millones por no haber llamado a licitación. El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, lo llamó “cálculo de una servilleta”. Quiroz respondió que “lo raro es no licitar”.
Hoy en su rol de ministro, Quiroz enfrenta una caja fiscal exigua, un MEPCO sin reservas que obligó a decretar el histórico “bencinazo” del 26 de marzo -aumentos de $370 por litro en gasolina y $580 en diésel- y una popularidad presidencial que cayó 14 puntos en tres semanas. El propio Quiroz ha reconocido que mantener el MEPCO en su formato original costaba cerca de USD $200 millones semanales, lo que equivale a entre USD $500 millones y USD $1.000 millones mensuales. En otras palabras: los USD $5.000 que el Estado dejó sobre la mesa por no licitar el litio habrían bastado para financiar medio año de subsidio al combustible, evitando el golpe al bolsillo de los chilenos y el colapso de popularidad que trajo consigo.
Según el economista Manuel Cruzat Valdés, en artículos publicados en su blog outsider.cl en noviembre de 2025 y abril de 2026, aún estaríamos a tiempo de revertir ese contrato por dos vías distintas:
1. La propia Contraloría al entregar su aprobación dejó abierto un estudio de juridicidad sobre el actuar de Corfo, entidad que -a diferencia de Codelco- no goza de estatuto especial y está sujeta al principio general de licitación de la Ley 19.886.
2. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC tienen abierta una investigación por posibles actos de corrupción sobre SQM, cuya resolución podría afectar la validez del acuerdo. El propio Cruzat ingresó solicitudes formales ante ambas instituciones en 2024.
Pero más allá de los montos involucrados, lo más valioso para Chile en plazos más largos radicaría en recuperar la señal de seriedad del país hacia el exterior y hacia los propios empresarios en Chile. Esa señal parte por algo tan elemental como licitar abierta y competitivamente el desarrollo del litio, y que la Contraloría y el Gobierno hagan lo que corresponde para corregir lo que se hizo mal. Un país que no es capaz de licitar su activo más valioso difícilmente puede pedirle a los mercados internacionales ni a sus propios privados que confíen en sus instituciones.
La pregunta sigue en pie: ¿qué espera este gobierno para revertir ese contrato y licitar la explotación del litio?
Nicolás Shea Carey
Interesante