Señor Director:
El próximo 28 de noviembre entrará en vigencia en nuestro país la Ley N°21.659 de Seguridad Privada; una normativa largamente esperada que actualiza el marco jurídico del sector, reconociendo finalmente el rol social, laboral y de protección que cumplen los más de trescientos mil trabajadores que día a día contribuyen al fortalecimiento de un Chile más seguro.
La nueva legislación incorpora avances relevantes, en especial la profesionalización de la industria, elemento indispensable para consolidar estándares de calidad y confianza en la prestación de servicios de seguridad. Sin embargo, este proceso requiere que el Estado asuma también su parte de responsabilidad, generando las condiciones institucionales, técnicas y operativas necesarias para que dicho estándar sea alcanzable. No se puede exigir un nivel superior de cumplimiento si, al mismo tiempo, se mantienen barreras regulatorias, procedimientos ineficientes en la acreditación y certificación de los guardias o vacíos de implementación que dificultan la adaptación de las empresas y colaboradores al nuevo marco.
Más que una amenaza, esta ley debe entenderse como una oportunidad para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad en nuestro país, integrando efectivamente a la seguridad privada como coproductora de seguridad pública. La colaboración público-privada en esta materia no solo amplía las capacidades del Estado, sino que también mejora la prevención, disuasión y respuesta ante los desafíos delictuales que hoy afectan a la ciudadanía.
Desde ASEVA, consideramos indispensable que las autoridades escuchen las observaciones técnicas del sector y promuevan una implementación gradual, dialogada y coherente con la realidad operativa del país. Solo así esta reforma podrá traducirse en más seguridad, más profesionalismo y mayor protección para todos los chilenos.
Rodrigo Badilla Nava – Presidente ASEVA