Señor Director:
Se ha señalado que es imperativo avanzar en la reforma AFP, para evitar que “el sistema se derrumbe por completo”. Este argumento no es nuevo. Desde los años 90 se ha utilizado para justificar las reformas a las Isapres y promover regulaciones supuestamente necesarias diseñadas bajo acuerdos políticos promovidos por los gobiernos de turno.
Lamentablemente, dichas reformas se han realizado con escaso respaldo en la teoría económica, la técnica actuarial y la dinámica socio demográfica de la población. El resultado está a la vista: un sistema de salud privado que se derrumba, atrapado en innumerables normas que han desfigurado la concepción original del seguro, han asfixiado su competencia e innovación y han colocado al sistema bajo el yugo estatal.
Esta experiencia en salud nos alerta sobre lo que podría repetirse con las AFP. Ciertos cambios en el área social, lejos de buscar mejoras técnicas o beneficios reales, persiguen un objetivo político mucho más profundo: aumentar el poder del Estado para marginar la participación privada en la seguridad social. Esta estrategia -propiciada por la izquierda- combina perseverancia y retórica de justicia social y utiliza el acuerdo político como herramienta para erosionar la colaboración público-privada. Así, la experiencia nos demuestra que, en salud, el Estado ha podido consolidar poco a poco su hegemonía ampliando el gasto público, el personal, su influencia y su poder monopsónico. Sin embargo, esta mayor intervención no se ha traducido en mejoras concretas para la ciudadanía.
Por ello, quienes participan en el diseño de políticas públicas deben anteponer el rigor técnico por sobre los acuerdos superficiales. Se debe evitar caer en propuestas que parecen inofensivas, pero que limitan la participación del sector privado y fortifican un Estado cuyo objetivo último es desplegar más su poder en lugar de garantizar más bienestar.
Rafael Caviedes Duprà