La inexistencia de sororidad

Señor Director:

Durante las últimas semanas, los acontecimientos en torno a Isabel Amor me han llevado a reflexionar profundamente sobre una experiencia personal que me resultó extremadamente dolorosa y que afectó gravemente mi salud mental. Lo ocurrido con Isabel Amor no me sorprende en absoluto, ya que viví algo similar mientras trabajaba en el Servicio Nacional de la Mujer (Sernameg). Fue desgarrador darme cuenta de que el discurso en contra de la violencia, lamentablemente, se queda en las palabras. En la práctica, la sororidad desaparece cuando algunas mujeres optan por perjudicar a otras, recurriendo a cualquier medio con tal de destruir y denostar a una compañera.

Considero que es fundamental que las mujeres visibilicemos estas conductas destructivas, ilegales e irregulares, que vulneran nuestros derechos. Debemos alzar la voz y apoyarnos mutuamente para evitar que se sigan repitiendo.

Fui funcionaria del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género desde el año 2019 hasta 2022, y sinceramente espero que nadie tenga que pasar por lo que viví en Sernameg. Quiero compartir mi experiencia con la intención de prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir, ya que el servicio público debe ser un espacio de respeto y equidad para todos.

En junio de 2019, fui seleccionada entre 650 postulantes para un cargo en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Llegué con la ilusión de contribuir a la participación política de las mujeres. En enero de 2020, asumí como Jefa Nacional del programa, cargo que desempeñé con total dedicación. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno, el ambiente laboral cambió radicalmente. A fines de abril de 2022, fui informada por la directora subrogante que debía dejar mi cargo por razones políticas, debido a mi militancia en la UDI, orden que vendría desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Acepté la decisión con entereza y profesionalismo, pero lo que siguió fue una verdadera pesadilla.

El impacto emocional de esta situación deterioró mi salud, llevándome a una depresión que me obligó a tomar licencia médica. Durante mi ausencia, se intervino mi oficina y se ordenó una auditoría al programa que dirigía, sin que se me permitiera informar o rebatir aspectos técnicos debido a mi estado de salud. Esto agravó mi situación, causándome varias crisis de pánico.

A pesar de los esfuerzos por continuar, los golpes fueron tan fuertes que opté por solicitar un cambio de unidad cuando llegó la nueva Directora Nacional, Priscilla Carrasco. Presenté una carta en agosto de 2022, pero no fui recibida hasta noviembre, y aunque nos reunimos, nunca obtuve respuesta a mi solicitud. Hice esta misma petición a la Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas (UGDP) y a ANFUSEM, pero todas las puertas me fueron cerradas.

Al reincorporarme, fui aislada, sin asignación de tareas y excluida de reuniones. Mi evaluación de desempeño, que anteriormente era sobresaliente, fue repentinamente degradada por alguien que ni siquiera había trabajado conmigo y que no cumplía con los requisitos legales para evaluarme. A pesar de apelar en distintas instancias, incluida la Directora Nacional, la evaluación fue considerada como legal por el Servicio.

El 30 de noviembre de 2022, mi contrato no fue renovado. En la resolución se mencionaba un informe paralelo realizado por la jefa del programa con fecha 23 de noviembre, aunque yo había regresado de mi licencia y vacaciones el 3 de noviembre. Este informe incluía observaciones sobre mi desempeño que carecían de fundamento, ya que durante esos 20 días apenas se me asignaron tareas.

Lo que más me duele no es haber perdido mi trabajo, sino la forma en que fui tratada. El servicio, que debería protegernos y promover la equidad, se convirtió en un espacio de hostigamiento y persecución política. Esta experiencia afectó mi salud y me hizo perder la fe en una institución que, en teoría, defiende y cuida a las mujeres. Sin embargo, aquí se ejerció violencia contra quienes pensamos diferente. Fui despedida por ser militante de mi partido político y por pensar distinto, a pesar de siempre haber trabajado conforme a las normas técnicas.

Quienes amamos el servicio público merecemos un trato digno, independientemente del gobierno de turno. Es crucial que situaciones como esta no se repitan. Nadie lo merece. Trabajar para el Estado es, sin duda, una de las labores más gratificantes para quienes valoramos el servicio público, pero mi experiencia se vio empañada por el actuar de personas dentro de una institución que no cumplió con su principal mandato: liberar a todas las mujeres de la violencia.

Karla Romero Sovino – Ex Jefa Nacional Programa Mujer y Participación Política.