Señor Director:
A través de esta carta, quiero expresar mi profunda preocupación y frustración frente al abandono y la injusticia que padecen miles de personas como yo dentro del sistema judicial penal y familiar en nuestro país.
Desde hace más de un año, he enfrentado una situación que lamentablemente no es aislada: la imposibilidad de ver a mi hijo debido a reiterados incumplimientos del régimen de relación directa y regular por parte de mi exesposa. Esta circunstancia, ya de por sí dolorosa, se agrava aún más por el respaldo que el sistema judicial otorga a acusaciones falsas, sin exigir pruebas concretas, y por la inacción frente a quienes desobedecen resoluciones judiciales.
Además, resulta evidente que existe un grave desequilibrio en los tribunales respecto a los apercibimientos. Mientras los padres enfrentamos estrictas regulaciones en materia de visitas y pensiones de alimentos, las madres muchas veces se adueñan de los hijos sin consecuencia alguna, incluso cuando incumplen las resoluciones judiciales. Esta asimetría no solo perpetúa la injusticia, sino que permite la violencia vicaria, en la cual los menores son utilizados como herramientas para herir emocionalmente al otro progenitor. Pese a su gravedad, estas conductas no reciben ningún tipo de sanción efectiva.
El principio de justicia, que debiera ser el pilar de nuestra sociedad, parece disolverse ante un sistema permeado por la corrupción y la indiferencia. He sido testigo de cómo los tribunales, que tienen el deber de proteger el interés superior de los niños y garantizar sus derechos, se convierten en un obstáculo que perpetúa el distanciamiento entre padres e hijos. Cada día que pasa, la negligencia institucional rompe vínculos familiares irremplazables y deja profundas cicatrices emocionales en los menores, que son los verdaderos afectados por esta omisión.
Es inadmisible que, en pleno siglo XXI, un país como Chile permita que se instrumentalicen las denuncias sin sustento, dañando la integridad de padres comprometidos y reduciendo la credibilidad de quienes realmente sufren violencia o abuso. Este abuso del sistema no solo me afecta a mí como padre, sino que socava la confianza en nuestras instituciones y perpetúa una crisis que debe ser urgentemente abordada.
Hago un llamado a las autoridades competentes, a la sociedad civil y a los medios de comunicación a visibilizar estas problemáticas y a exigir cambios estructurales. Es imperativo implementar medidas que sancionen efectivamente el incumplimiento de resoluciones judiciales, desincentiven las denuncias falsas y prioricen los derechos de los niños a mantener una relación plena con ambos padres.
El sistema judicial debe equilibrar sus criterios y sancionar de forma justa a quienes desobedecen las resoluciones, sin importar su género. No podemos seguir siendo cómplices de un sistema que no solo falla, sino que abandona a quienes más lo necesitan. El futuro de nuestros hijos depende de un sistema judicial que sea justo, incorruptible y verdaderamente humano.
Rafael Mata M.