Juicio contra «Los Gallegos»: las dudas que siembra

Señor Director:

A razón de informes reservados, emanados de distintos organismos del Estado, un tribunal resuelve que, por motivos de seguridad, el juicio oral contra miembros de la banda de “Los Gallegos” se debe realizar de manera telemática. Luego, la Corte Suprema suspende su realización y ordena que se vuelva a discutir este asunto. Tras el nuevo debate, el tribunal decide que el juicio se desarrollará por medios virtuales para los acusados y presencial para jueces, fiscales y abogados.

Miremos lo que ocurre más allá de los tribunales y la discusión jurídica del caso.

Arica ha vivido en tensión y preocupación estos días. Varias personas y autoridades han manifestado que la ciudad no está preparada para llevar a cabo este juicio de manera presencial. El país ha centrado su mirada en lo que ocurre y crece la sensación de que la realización de un juicio oral contra miembros de una organización criminal internacional representa una tarea titánica para el Estado.

Esta situación -fundadamente o no- aumenta la sensación de inseguridad de la población, especialmente de la gente que vive o transita por Arica. El ciudadano de a pie, que no conoce de garantías procesales, principios orientadores o recursos de amparo, se encuentra ante una situación que parece estar cercana a desbordarse y, naturalmente, siente comprometida su propia seguridad.

Seguidamente, estos acontecimientos comunican (indeseadamente) que el Estado tendría dificultades en garantizar las condiciones de seguridad mínimas para la realización de un juicio oral. Si efectivamente ello es así, no constituye el quid de este análisis, sino la interrogante que siembra esta situación y sus consecuencias: el ciudadano común y corriente atemorizado y el actor criminal empoderado.

Este asunto no debiese ser ignorado o tomado a la ligera, pues, justamente, ahí donde el Estado no es capaz de hacer imperar el Estado de Derecho es donde las organizaciones delictivas complejas y violentas se fortalecen y penetran en las comunidades.

Por lo tanto, el Estado -a través de todas sus instituciones- debiera representar, proyectar y comunicar que la realización de un enjuiciamiento criminal contra miembros del crimen organizado está dentro de sus capacidades, sea que adopte medidas especiales de resguardo o que no lo haga. Es en estos espacios donde el Estado debe mostrarse más fuerte, robusto y seguro. En casos como este, lamentablemente, los mensajes -y las percepciones que generan- pueden construir realidades.

Diego Izquierdo Coronel. Abogado, experto en Seguridad Ciudadana y Criminología. Socio en CADIZ Estrategia & Consultoría Legal