Señor Director
Con el segundo mandato de Trump, resurgen las amenazas de deportaciones y políticas restrictivas, poniendo en riesgo a miles de migrantes protegidos por el “programa de libertad condicional humana”. Con la nueva ola migratoria que esto genera hacia América Latina ¿qué implicancias tendrá para nuestra seguridad nacional?
La relación migración-crimen no es nueva, pero es cuando los flujos migratorios superan la capacidad de acogida y las redes criminales encuentran oportunidades. No importa la nacionalidad de los criminales, sino los asentamientos precarios donde los servicios básicos son reemplazados por gobernanza ilegal. Grupos que mejoran las condiciones de vida en situaciones extremas ganan poder, y esto, a costa de corromper, extorsionar e incluso asesinar.
Si queremos ser una nación humanitaria, el Estado debe garantizar servicios de acogida para los más vulnerables. Debemos desmantelar los espacios precarios que alimentan las redes criminales, que aprovechan la ausencia del gobierno para tomar control. Desde luego, este vacío representaría el mayor fracaso para cualquier Estado: perder la capacidad de proteger.
María José del Solar Z. – Faro UDD
La mayor, única e intransferible obligación de un Estado, de su gobierno, es proteger a sus connacionales.
No, no queremos ser una nación humanitaria. No somos ni capaces de proteger a nuestros ciudadanos de las redes criminales y vamos a preocuparnos de una montonera de inmigrantes ilegales?