Señor Director:
En el marco de la discusión del proyecto de ley del gobierno sobre “Evaluación Ambiental 2.0”, la senadora Carmen Gloria Aravena presentó indicaciones para promover la inversión. Sorpresivamente, el Ejecutivo considera que esto va a rebajar los estándares ambientales, pero, a decir verdad, eso no es así. Una de las propuestas apunta a eximir de evaluación ambiental, mediante decreto del Presidente, suscrito por el Ministerio de Medio Ambiente, ciertos proyectos en casos muy acotados, como calamidad pública, catástrofe y transición energética. Es curiosa la argumentación de esta administración, ya que para el caso del proyecto de cárceles hay disposición para eximir de permisos y burocracia, pero en estos otros casos no la hay.
Sería conveniente que el Ejecutivo sincere su posición y transparente si realmente le interesa destrabar la inversión, eliminar burocracia y reducir plazos, sobre todo en estos casos donde, por ejemplo, podríamos agilizar la construcción de viviendas en casos como los incendios de Valparaíso, o agilizar los proyectos de desaladoras o hidrógeno verde, tan necesarios para el desarrollo sustentable.
Tomás de Tezanos Pinto y Andrea Barros – Centro de Estudios Ideas Republicanas