Señor Director:
Es un hecho que en los últimos años hemos avanzado en regulaciones que buscan modernizar el Estado (transparencia, compras públicas, procedimientos electrónicos). Sin embargo, no se ha visualizado la necesidad de modificar, actualizar y uniformar el estatuto administrativo de los funcionarios públicos. Urge modernizar el sistema de ingreso a la administración pública, los distintos tipos de contratación, la forma de regular los Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) e incluso, el tratamiento de las licencias médicas.
Además, es imperioso actualizar las causales de destitución de los funcionarios públicos, pero sobre todo, la institución del sumario administrativo, que es el mecanismo legal para atribuir responsabilidad administrativa. Con todo el desarrollo relativo a las garantías fundamentales de los últimos 20 años, no es lógico entender que la responsabilidad administrativa este supeditada la existencia del secreto del sumario y a la discrecionalidad de un funcionario o jefe de servicio en la forma en que aprecia la prueba, realizan diligencias, pondera atenuantes o eximentes, aplica normas jurídicas y que la supuesta “segunda instancia”, sea la Contraloría General de la República o los tribunales, no tenga mayores facultades que un control de legalidad de los fundamentos del acto sancionatorio o de la proporcionalidad. La profesionalización y modernización de la carrera funcionaria requiere la revisión de esta superada institucionalidad.
Christopher Gotschlich V. – Abogado y académico U. CENTRAL