Señor Director:
Si es constitucional la potestad del Presidente de la República de nombrar a los embajadores de Chile, también lo es aquella de removerlos en caso de que tales funcionarios públicos no cuenten con su “confianza”.
Es precisamente aquella “confianza” la que la embajadora chilena en Nueva Zelanda a puesto a prueba llamando a la “autodeterminación” de RapaNui.
Ocurre que también es “constitucional” la responsabilidad del Presidente de asegurar “el orden público en el interior” y la “seguridad externa” del país, incluida, obviamente, su integridad territorial. Conforme con el Derecho Internacional, nuestra embajada en Nueva Zelanda es “territorio chileno”.
Promover la secesión de una parte del territorio nacional es un acto sedicioso que amerita remoción inmediata: en este caso, el despido, sin demora, de una funcionaria muy bien pagada con cargo al erario nacional (a menos que el Presidente quiera “validar” y “sentar el precedente” de una conducta de lesa Patria).
Por lo mismo, si esa remoción no ocurriese, podría entenderse que el Presidente de la República es -en los hechos y en el Derecho- “solidario” con el acto sedicioso de su embajadora.
Si tal fuera el caso, las consecuencias constitucionales y políticas serían enormes.
Para quienes -al graduarse de la Academia Diplomática Andrés Bello- juramos “hablar por Chile”, las expresiones de la embajadora en Wellington no nos representan, y constituyen una grave ofensa al honor de la profesión.
Desde una perspectiva más amplia, el gravísimo incidente que ella provoca termina por ilustrar la “desconstrucción” que afecta al servicio diplomático chileno.
Para el interés nacional dicha “desconstrucción” es una amenaza.
El episodio de la embajadora en Wellington no es el primero protagonizado por un “embajador de carrera”. Recordemos, por ejemplo, aquel de “los favores a Argentina en el estrecho de Magallanes” (que relativizaron la “neutralidad” de ese pasaje y el cumplimiento de los tratados de límites de 1881 y 1984), o los recurrentes líos entre embajadores y funcionarios, o los problemas administrativos y contables en misiones en el exterior.
El gobierno entrante tendrá la oportunidad de comenzar a corregir a esta amenaza para el interés de Chile. Ojalá que ello ocurra.
Jorge G. Guzmán – (Mag., MPhil & PhD University of Cambridge) Graduado de la Academia Diplomática Andrés Bello
Otra área desastrosa, llevada a esa situación en forma intencionada. Si quien ejerce el rol de pdte no toma las medidas pertinentes me parece que seria un notable abandono de deberes……………