Señor Director:
Nuestro ex Presidente Sebastián Piñera Echeñique tenía mucha razón cuando en octubre de 2019 declaró que habíamos sido víctimas de un Golpe de Estado no tradicional y que estábamos en guerra contra un enemigo poderoso y pidió condenar sin ninguna duda la violencia, la delincuencia y el crimen organizado.
No todos los hombres de Estado tienen las capacidades para leer con nitidez las señales de los acontecimientos en su momento y actuar en consecuencia con visión.
La historia se lo reconocerá aun cuando sectores de la academia e intelectuales de peso, hayan cuestionado sus dichos, los hechos en curso, le han dado la razón.
Es cierto que las cosas son procesos y se van aclarando con el tiempo. Es de esperar que las actuales autoridades lo puedan ver, enfrentar con responsabilidad y agarren al toro por las astas, de una vez por todas.
Josefina Sutil Servoin
Chile está librando una guerra interna subversiva en su forma revolucionaria, practicada por el comunismo en sus versiones leninista y gramsciana —larvada, en potencia o en acto— y actualmente con el Partido Comunista actuando con un pie en La Moneda y otro en la calle.
Por otra parte, las organizaciones radicalizadas que operan en la “macrozona sur” y que reivindican la violencia como un instrumento legítimo para alcanzar sus objetivos planteados explícitamente de control territorial, político y militar de la zona están en guerra contra el Estado de Chile; una guerra de guerrillas, irregular pero una guerra de verdad, la que debe ser enfrentada como tal: con fuerzas militares actuando con toda la fuerza que sea necesaria para aniquilar a tales organizaciones, bajo la legislación de tiempo de guerra, sujetas a las normas legales sobre el uso de la fuerza (artículos 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar) y sus miembros sometidos a la jurisdicción de tribunales militares.
El estado de excepción constitucional que corresponde establecer es el de sitio; que es el aplicable “en caso de guerra interna o grave conmoción interior” (art. 40 CPR).
Lamentablemente los legisladores y los gobernantes no reconocen una realidad palmaria y, por tanto, no actúan en consecuencia; incumpliendo su obligación esencial que es la de guardar el orden y seguridad públicos y, de ese modo, promover el bien común, que es la finalidad del Estado.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política