Señor Director:
El reciente mensaje del juez Sergio Muñoz, difundido a través de una entrevista en «La Tercera», ha dejado a muchos con una inquietud legítima: ¿estamos siendo testigos de un Poder Judicial que pretende intimidar a los otros poderes del Estado y al mismo tiempo situarse por encima de cualquier escrutinio? Esta tendencia, que no es nueva en Chile, es preocupante, pues parece que algunos jueces han decidido que sus decisiones no solo están exentas de revisión, sino también de crítica.
El juez Muñoz afirmó en dicha entrevista que «las sentencias que uno dicta no pueden ser revisadas por otro poder del Estado». Este tipo de declaraciones, lejos de fortalecer la independencia judicial, parecen diseñadas para blindarse de cualquier rendición de cuentas. Tal como ya han señalado analistas y expertos, entre ellos la jurista Carla Fernández, este tipo de actitudes alimenta la percepción de un sistema de justicia que opera al margen de la legalidad y la imparcialidad.
Además, no es la primera vez que Muñoz y otros jueces como Mario Carroza y Álvaro Mesa emiten fallos controversiales, condenando a exuniformados por crímenes ocurridos hace 50 años, basándose en pruebas cuestionables o, en algunos casos, en la mera pertenencia a una unidad militar. Las sentencias, muchas veces, parecen responder más a una agenda política que a una búsqueda genuina de justicia. En estos casos, se ha hablado de una «colusión judicial» impulsada por sectores de la ultraizquierda, una vendetta que utiliza el sistema legal como herramienta de revancha.
Permitir que este tipo de comportamiento continúe sin control podría tener consecuencias desastrosas para la democracia y el equilibrio de poderes en nuestro país. Como ciudadanos, debemos exigir un Poder Judicial imparcial y libre de influencias políticas que no se escude tras su independencia para actuar sin control.
Por Christian Slater Escanilla
Comparto plenamente, el comentario del autor de la carta.
Hoy vemos, con gran preocupación e impotencia, las injustas sentencias contra militares y carabineros, afectados por temas de derechos humanos, en las cuales no se respeta el derecho debido proceso, y muchas veces, no se consideran las diferentes pruebas que debieran eximirlos de las responsabilidades por las que se les acusa.
Como lo señala el autor, pareciera más una persecución política, que la búsqueda de la justicia. ESE.
«Pareciera más una persecución política, que la búsqueda de la justicia».
¿Pareciera?
Es, a todas luces, una persecución política en sede judicial prevaricadora.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política
Estimado abogado Adolfo Paúl Latorre,
Agradezco su contundente afirmación sobre lo que usted describe como una persecución política en sede judicial, prevaricadora. Sin embargo, debo confesar que, sin ser abogado ni contar con estudios específicos en jurisprudencia, me encuentro sumamente sorprendido por la aparente falta de acción efectiva de los profesionales del derecho, ciudadanos y organizaciones que podrían, con las herramientas jurídicas existentes, poner en evidencia esta situación que usted asegura con tanta convicción.
Es legítimo cuestionarse por qué, si esta persecución política es tan clara y generalizada, no ha habido una respuesta coordinada y contundente desde el ámbito judicial o ciudadano. Me pregunto si tal vez estoy equivocado y, en realidad, ya existen abogados y grupos de defensa que, más allá de cualquier interés económico, han trabajado arduamente para exponer y revertir esta situación. Es posible también que familiares de los afectados, junto a organizaciones civiles que luchan por los derechos humanos de exuniformados, hayan presentado las denuncias correspondientes en busca de justicia para aquellos camaradas que han sido injustamente perseguidos, detenidos o encarcelados.
Al respecto, me niego a creer lo que señalara, en uno de sus audios, el detenido y cuestionado abogado Luis Hermosilla: “…esta huevá se arregla con plata.” Esa visión no solo es alarmante, sino que es totalmente contraria a lo que, en mi opinión, necesitamos como sociedad.
Realmente soy un convencido de que no todo se arregla con dinero, como también lo han dicho algunos economistas, sino más bien con la destacable voluntad de algunos abogados que han defendido a exuniformados y han logrado, especialmente en este último tiempo, lo que nadie había logrado antes, porque a veces, ni siquiera lo habían intentado. Creo que más que dinero, se necesitan más abogados y ciudadanos como aquellos, que con poco hacen mucho.
En lo particular, desde mi ignorancia y mi posición un poco más activa que de un simple observador, me resulta increíble que el sistema judicial chileno, en el que muchos depositan su confianza, esté perdiendo tanta credibilidad. Esta pérdida de confianza, al menos en lo que a mí respecta, me ha motivado a investigar algunas ideas que, sin pretender tener el conocimiento especializado en la materia, me permito compartir. Quizás, estas ideas puedan servir de inspiración para quienes estén interesados en plantear acciones legales o civiles contra una justicia que, en muchos casos, parece actuar con una evidente parcialidad. De ser así, se comprobaría que los detenidos en cárceles de exterminio de octogenarios exuniformados y también civiles son presos políticos.
A continuación, y como una especie de resumen de lo que he podido investigar, expongo algunas de las acciones que podrían considerarse para enfrentar esta situación, tanto desde el ámbito legal como desde la ciudadanía:
1. Recursos Judiciales Disponibles:
Recurso de Revisión: Ante una condena que se considere injusta o basada en pruebas insuficientes, los afectados o sus defensores pueden solicitar una revisión de la sentencia en la Corte Suprema. Este recurso está diseñado para casos en los que se descubren errores judiciales, manipulaciones o pruebas falsas que hayan influido en la sentencia.
Denuncias por Prevaricación: Si se pudiera demostrar que un juez ha dictado una sentencia injusta a sabiendas de su falsedad, se puede presentar una querella por prevaricación. Esta acción penal es difícil de probar, pero es una vía legal que persigue la responsabilidad de los jueces que han actuado de manera deliberadamente injusta.
Acciones ante el Tribunal Constitucional (TC): En casos en que se considere que las decisiones judiciales vulneran derechos fundamentales, los ciudadanos o sus representantes pueden presentar un recurso ante el TC para que determine si la ley ha sido aplicada de manera inconstitucional. Esta acción es un mecanismo de control sobre el Poder Judicial y puede contribuir a frenar decisiones arbitrarias.
2. Movilización Ciudadana:
Acciones Colectivas: Los ciudadanos también pueden organizarse para presentar amparos o recursos de protección colectivos, basándose en la afectación de derechos fundamentales. Esta vía permitiría visibilizar la preocupación general sobre la actuación judicial y, en casos específicos, podría revertir decisiones judiciales.
Organización de Grupos de Defensa: Formar organizaciones civiles que monitoreen y denuncien abusos judiciales es una manera de generar presión social y política sobre el sistema judicial. Estas organizaciones pueden recabar evidencias, apoyar a los afectados y hacer visible la injusticia a través de campañas públicas.
Participación en Proyectos de Reforma: Como ciudadanos, tenemos el derecho de exigir reformas que mejoren el sistema judicial. La iniciativa popular de ley es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden proponer leyes al Congreso, lo que permitiría impulsar reformas que limiten el abuso de poder por parte de jueces o que introduzcan mayores controles a su actuación.
3. Acciones Internacionales:
Denuncias ante Tribunales Internacionales: Si los tribunales nacionales no actúan con justicia, los ciudadanos o grupos afectados pueden recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar violaciones a los derechos humanos, especialmente en casos de juicios injustos o persecuciones políticas.
Presión Internacional: Se puede hacer un llamado a organismos internacionales de derechos humanos para que monitoreen la situación en Chile y exijan que se respeten los principios de justicia e imparcialidad en el país.
4. Exigencia de Responsabilidad Política:
Comisiones Investigadoras del Congreso: Los ciudadanos pueden solicitar a sus representantes en el Congreso la creación de comisiones investigadoras sobre posibles abusos judiciales o persecuciones políticas. Estas comisiones pueden emitir informes y promover reformas legales para corregir las irregularidades del sistema.
Protesta Social y Movilización Pública: La presión ciudadana es clave para exigir un cambio. Las manifestaciones pacíficas y organizadas pueden hacer que la opinión pública y los medios de comunicación visibilicen los problemas del Poder Judicial y, en consecuencia, generen presión para cambios estructurales.
Estas son algunas de las herramientas que, como ciudadanos o abogados, podrían utilizarse para enfrentar lo que usted describe como una persecución política en sede judicial. En lo personal, mi conocimiento es limitado, pero creo que estas vías podrían abrir caminos para aquellos que desean demostrar que la justicia en Chile ha sido secuestrada por intereses políticos. De ser así, se comprobaría que los detenidos en cárceles de exterminio de octogenarios exuniformados y también civiles son presos políticos.
Quedo atento a su opinión sobre estas ideas y agradezco de antemano cualquier aclaración o comentario que pueda ofrecernos.
Junto con agradecer sus amables comentarios y en relación con las acciones propuestas por don Christian Slater Escanila para enfrentar la situación de los militares presos políticos (que lo son por cuanto ellos se hallan privados de libertad no en virtud de leyes expresas y vigentes, sino que por sentencias espurias que las atropellan salvaje e impunemente) vengo en comentar, brevemente, lo siguiente:
1. Recurso de revisión. Este recurso es de muy difícil aplicación, por cuanto sus causales son taxativas y por hechos que justifiquen la anulación de una sentencia ejecutoriada; tales como la de una persona que ha sido condenada por homicidio y con posterioridad a la condena se comprueba la existencia del supuesto fallecido.
2. Denuncias por prevaricación. Contrariando lo dicho por Slater, esta acción es fácil de probar. El problema es que los jueces que condenan a militares y carabineros, como lo dije al principio, lo hacen por consideraciones políticas, no sobre la base de la aplicación de leyes expresar y vigentes; sentencias prevaricadoras que son cohonestadas por los poderes ejecutivo y legislativo. Por otra parte, hay que considerar que los ministros de la Corte Suprema son “como dioses, porque no responden ante nadie”, como lo afirmó descaradamente el ministro Alberto Chaigneau.
3. Acciones ante el Tribunal Constitucional. La revisión de los fallos de los jueces ordinarios no está dentro de las atribuciones de ese Alto Tribunal, según lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política de la República. Por otra parte, según el artículo 76 de la Carta Fundamental, “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”.
4. Denuncias ante tribunales internacionales. El tribunal internacional que, por lo general, tiene competencia para conocer casos “de derechos humanos”, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que tiene un sesgo político de izquierda y ha hecho una costumbre el excederse en sus atribuciones y de apartarse del claro sentido del texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la creó y propende a imponer una agenda ideológica particular que no respeta el texto de la propia Convención.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en ciencia política