Señor Director:

En 2024, un estudio elaborado por Cristián Larroulet y Jean Sepúlveda estimó que el terrorismo en La Araucanía tenía un impacto de aproximadamente un 22% en el PIB per cápita. Esto significa casi 2.600 dólares (unos $2.470.000 pesos) menos de ingreso anual para el habitante promedio de la región.

La explicación de esto es simple: El terrorismo desincentiva la inversión en la región, deteriora su capital humano, y aleja la innovación. El resultado es una Araucanía que produce menos, y cuyas familias ven mermadas sus posibilidades de desarrollo. Los ciclos de pobreza se perpetúan.

Dicho en términos simples, esos $2.470.000 al año equivalen a más de $200.000 mensuales por persona. Es el valor de los servicios básicos de un hogar, la cuenta de un supermercado, el ahorro para el pie de una casa, o el costo de acceder a la salud que tantas personas necesitan con urgencia. No hablamos de cifras abstractas: Son oportunidades perdidas, emprendimientos que no nacen, y empleos que no se crean.

Ese es el costo real del terrorismo. No es una discusión ideológica ni académica: es una merma concreta en el bienestar de miles de familias. Por eso el mandato es claro: Combatir el terrorismo no es solo una tarea de seguridad pública, es un imperativo moral y económico, porque cada día que la violencia persiste se siguen restando oportunidades a quienes más necesitan progreso y estabilidad.

Ignacio Tobar Pincheira

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