Señor Director:
Uno de los anuncios más relevantes de la reciente Cuenta Pública fue la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades y la posibilidad de restringir beneficios estatales a quienes atenten gravemente contra la convivencia social.
La medida ha generado debate, pero plantea una pregunta legítima: ¿Puede una sociedad exigir solidaridad del Estado mientras tolera que algunos destruyan bienes públicos, afecten el comercio y alteren la vida de miles de ciudadanos?
Los beneficios estatales son financiados por millones de chilenos que trabajan, cumplen la ley y contribuyen al desarrollo del país. Por ello, resulta razonable discutir si quienes dañan deliberadamente el espacio común deben asumir consecuencias que vayan más allá de las sanciones penales tradicionales.
Más que una medida punitiva, esta propuesta reafirma un principio esencial para toda democracia: los derechos deben ir acompañados de responsabilidades. Recuperar esa convicción es fundamental para construir un Chile más seguro, ordenado y respetuoso de la vida en comunidad.
Nicolás Brunel – Presidente Involúcrate USS
José Tomás Lepez – Sec. Gral Involúcrate USS
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