Señor Director:
El Instituto Nacional tiene casi 213 años de historia. Ha formado presidentes, intelectuales y miles de jóvenes. Pero esta semana, overoles blancos lanzaron artefactos incendiarios y agredieron a funcionarios. No es un hecho aislado. En 2024, el establecimiento acumuló 35 interrupciones de clases, equivalentes a un mes y medio: 20% del año escolar perdido. Según indica su propia rectoría, 7 de cada 10 estudiantes son vulnerables, quienes además de adquirir conocimientos, encuentran ahí contención socioemocional y acceso a alimentación. Cada suspensión los perjudica sobre todo a ellos. Y esto está pasando en muchos liceos emblemáticos.
El problema es estructural: no existe ninguna norma que haga de la continuidad educativa una prioridad jurídicamente exigible. Por eso, es clave declarar la educación como servicio esencial y establecer que su suspensión sea siempre una medida muy excepcional. Mientras esa reforma espera en el Congreso, los estudiantes más vulnerables del país siguen pagando el costo.
Florencia Croxatto, economista de Pivotes
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