Señor Director:
El 11 de abril de 1986, en Miami (Estados Unidos), un procedimiento ejecutado por ocho agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) para detener a dos autores de robos a bancos y homicidios terminó con la muerte de dos agentes y lesiones graves para otros cinco. En el enfrentamiento también fallecieron los dos delincuentes.
Tras ese trágico episodio, el FBI efectuó una profunda revisión de sus procedimientos operativos. Actualizó su doctrina táctica y los programas de instrucción de su academia, incorporando modificaciones en materias de control de personas, uso de la fuerza, técnicas de ingreso y allanamiento, entrenamiento con armas de fuego y supervivencia policial.
El 15 de julio, en Valdivia, un delincuente de alto riesgo, requerido por la justicia, disparó contra dos carabineros, causándoles lesiones de gravedad. Posteriormente falleció el Cabo 1º Marcos Javier Cosme Barquero (Q.E.P.D.), quien se convirtió en un nuevo mártir institucional.
Dos días después, el 17 de julio, durante un control de identidad en Lo Espejo, otro delincuente usó un arma de fuego e hirió gravemente a dos carabineros.
El Ministerio de Seguridad Pública podría potenciar el reentrenamiento táctico en Carabineros de Chile, configurando un sistema obligatorio y certificado para todo el personal operativo, complementado con prácticas periódicas de tiro —al menos trimestrales— y una priorización de aquellas competencias directamente relacionadas con la protección de la vida de los Carabineros.
Hero Negrón Schlotterbach – General (r) de Carabineros

Pero esas propuestas y detalles cómo ejecutarlo, no debiera hacerlo (hace rato) el Alto Mando de Carabineros y plantearlo al ministro de Seguridad????????
La bancada de diputados del partido Comunista ingresó un proyecto de ley para modificar algunas normas de la ley “Naín-Retamal” (21.560), entre ellas la eliminación de la presunción legal de legítima defensa para las Fuerzas de Orden y Seguridad cuando hacen uso de su arma de servicio para “repeler o impedir una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero”.
Se ha dicho, que con la precitada norma, dicha ley estableció una presunción legal de legítima defensa “privilegiada”, lo que fortaleció el ejercicio de la función policial. A mi juicio tal fortalecimiento no fue muy significativo, por cuanto lo establecido en ella ya estaba considerado como una eximente de responsabilidad penal en el artículo 410 del Código de Justicia Militar.
Pienso que sí podría hablarse de legítima defensa “privilegiada” y de fortalecimiento del ejercicio de la función policial., si la ley que fue promulgada hubiese contemplado lo indicado en el texto del oficio despachado por la Cámara de Diputados al Senado (de la Cámara de Origen a la Cámara Revisora, de fecha 29 de marzo de 2023) cuyo tenor literal es el siguiente:
Artículo 7.- Incorpórase en el numeral 6 del artículo 10 del Código Penal los siguientes párrafos tercero y cuarto:
“Se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en este número y en los números 4° y 5° precedentes, si un miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad en el ejercicio de sus funciones rechaza mediante el uso de arma letal:
1. La agresión mediante uso o amenaza de uso de arma blanca, armas de fuego, o cualquier otro objeto cortante, punzante o contundente que sea apto para provocar la muerte o lesiones corporales graves al funcionario policial u otra persona.
2. La agresión perpetrada mediante vías de hecho, por un grupo de dos o más personas, en que el funcionario estime razonablemente que el acometimiento tiene potencialidad mortal o lesiva.
3. Para impedir o tratar de impedir la consumación de los delitos señalados en los artículos 141, 142, 150 A, 361, 362, 390, 390 bis, 391, 395, 396, 397, 433 y 436, así como el contemplado en el artículo 14 D de la ley No17.798 sobre control de armas, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto N°400, de 1977, del Ministerio de Defensa Nacional.
Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará cualquiera sea el daño que se ocasione al agresor”.
Es de esperar que en una próxima modificación a dicha ley sea incluido el precitado texto; puesto que tal como está en el texto vigente —cuando hacen uso de su arma de servicio para “repeler o impedir una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero”— la presunción legal de legítima defensa no corre en el caso en que los carabineros hagan uso de su arma de servicio para impedir robos o «turbazos» a supermercados, destrucción de bienes públicos o privados, de incendios de buses del transporte público, del Metro o de iglesias patrimoniales u otros monumentos históricos, u otros actos terroristas si tales ataques, agresiones o delitos no afectan gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado