Señor Director:
Los propietarios legítimos de inmuebles cercanos a las tomas viven en constante temor y ven cómo su patrimonio se devalúa día a día. La violencia circundante afecta la demanda y, por ende, el valor de su casa, que suele ser el principal activo heredable de la clase trabajadora.
La erradicación de las tomas y la reparación del daño patrimonial causado a los vecinos por la falta de servicios estatales (derecho a la seguridad, a la vida y a la propiedad) debería ser un imperativo de la izquierdista coalición gobernante, más allá de su repentino (y acrobático) interés por el orden público en año electoral. Sin embargo, se les ofrece un “pacto fiscal” que no toca las contribuciones de sus depreciados bienes raíces, pero sí elimina los beneficios a sus inmuebles acogidos a DFL 2, además de imponerles un impuesto por arrendarlas. Esto afecta tanto a los acervos e ingresos familiares como al alicaído mercado inmobiliario, un golpe directo al mentón de la prosperidad.
Demetrio V. Benito O. – Perito Tasador.
