Señor Director:
La crisis en el sistema privado de salud es agobiante y mantiene en vilo a millones de usuarios. Las isapres no solo tienen que padecer a un regulador inoperante que le impuso tablas de factores que luego fueron cuestionablemente desahuciadas por la Corte Suprema, sino que además no pueden ajustar los planes más allá de lo que el regulador le permite –cubra o no los costos–, y además tienen que hacer frente a otros condicionantes, como las primas GES, que también generan enormes dificultades. En sencillo, las isapres viven apremiadas por todo el aparataje estatal, como si la salud pública fuese el alumno brillante de la clase capaz de dictar cátedra en este ámbito.
No obstante, y pese a todas las regulaciones que finalmente se traducen en graves distorsiones de precios, es un sistema que indudablemente funciona mucho mejor que el sistema público, tanto es así que quienes pueden salen voluntariamente huyendo de este para sumarse a la atención que le brinda el sector privado.
Hasta dónde se observa, el mercado de las isapres es competitivo. Dado esto, no se entiende por qué el Estado debe fijarle precios y otras limitaciones en su funcionamiento. En un mercado realmente libre, la gente podría elegir entre una isapre que le cobra un valor X, u otra que le cobra un valor Y. La competencia genuina –sin imposiciones estatales que la entorpezcan– haría su trabajo.
Ahora bien, considerando que existe el prestador público, las personas incluso podrían cambiarse libremente si consideraran que los valores cobrados son un abuso. Frases como “con la salud no se lucra”, o “la salud como derecho humano” no solo no ayudan en nada, sino que además son vacías de contenido.
En definitiva, hasta acá lo que se ha hecho es regular cada vez más la industria de la salud privada, como si ella tuviese secuestrados a los usuarios. No es malo recordar que la historia es al revés, por lo que más libertad al sector, sin regulaciones asfixiantes, generaría un mejor sistema y haría más evidente aún la enorme diferencia a favor del sector privado.
Félix Berríos Theoduloz – Economista