En relación con el sistema penal chileno, la situación de las personas con enajenación mental enfrenta una crisis prolongada. El Estado no se hace cargo del origen del problema y deriva la responsabilidad a un sistema penal precarizado y con bajas posibilidades de tratar la salud mental de los afectados, siendo relegados y perpetuando la vulneración de sus derechos fundamentales. Detrás de esta preocupante realidad, existe un círculo vicioso que es urgente abordar.
Cuando tenemos una persona con problemas de salud mental que está afectando su entorno con reacciones violentas y que pone en riesgo su vida y la de las demás, nos encontramos con un sistema de salud que no es capaz de enfrentarlo por falta de recursos económicos y humanos.
Ante esta situación, son las familias, la mayoría de las veces de escasos recursos económicos, las que finalmente, llegan al sistema penal por falta de acceso a la salud. Frente a situaciones violentas, los parientes se ven forzados a denunciar a sus familiares enfermos por delitos, con la motivación de pedir asistencia médica por medio del sistema penal. El Ministerio Público formaliza y en los casos graves, solicita la internación provisional del imputado con una enfermedad mental. Esa persona debería ir a un psiquiátrico, pero no hay cupo y se deriva a una cárcel común, donde son víctimas de la realidad carcelaria y donde la salud de estas personas no está en el centro del proceso.
Son ciudadanos que no son visibles ni escuchados, lo que, sumado a su situación de enajenación mental, son más susceptibles de agresiones dentro de la cárcel. Así, continúan alojadas en prisiones comunes, donde sufren vejámenes y, en casos lamentables, pierden la vida por falta de atención estatal.
El Estado tiene la obligación de proveer salud a todas las personas, incluso a aquellas que no tienen los medios para solicitarla, incluyendo la salud mental. Esta responsabilidad es fundamental para prevenir la violación de los derechos de aquellos que, antes de cometer un delito, enfrentan serios problemas de salud mental y que, lamentablemente, no ha sido atendidos a tiempo.
Joan Dueñas Riquelme. Abogada, Cadiz Estrategia & Consultoría Legal