Señor Director:
La destacada escritora Marina Latorre, viuda de 99 años, arriesga perder su casa en la calle Londres de Santiago Centro, al verse imposibilitada de pagar el impuesto territorial. Adquirió la vivienda hace seis décadas por 18 mil escudos y hoy percibe una pensión de $400 mil mensuales, pero debe enfrentar contribuciones anuales de $2,5 millones, luego de que el avalúo fiscal del inmueble se triplicara en una década, alcanzando los $310 millones.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) rechazó su solicitud de beneficio para adultos mayores, dado que el avalúo supera el límite establecido para acceder. Presentó un recurso de protección que, si bien fue acogido por la Corte de Apelaciones, terminó siendo desestimado por el Tribunal Constitucional. Este argumentó que la inaplicabilidad no puede utilizarse para crear beneficios tributarios, función que corresponde exclusivamente al Ejecutivo y al Congreso. Todo esto ocurre mientras el gobierno impulsa una reforma precaria que no aborda el fondo del problema: apenas posterga los reavalúos por un año y sigue dejando fuera al 30 % de los adultos mayores, cerca de 80 mil personas.
Para ilustrar la supuesta “dificultad” de financiar una exención universal para pensionados con recursos ya existentes, basta revisar algunas cifras: se requieren $140 mil millones para liberar del pago de contribuciones a todos los mayores de 65 años que actualmente no cuentan con beneficios. Sin embargo, el ítem “Bienes y servicios de consumo” del presupuesto municipal (que incluye desde gastos esenciales hasta banquetería, publicidad, gastos reservados y eventos) supera los $2 billones entre 2022 y 2024, con un alza del 20 %, al igual que el gasto en personal. Bastaría un rebalanceo de apenas el 7 % en cualquiera de estos ítems, sin necesidad de reformas ni eslóganes, para lograrlo.
Legitimar el impuesto territorial exige transparentar su cálculo, vincularlo al ahorro fiscal y a beneficios locales. En ese sentido, establecer un tributo proporcional al valor de adquisición, como propuso el ex Director del SII Ricardo Escobar, permitiría entregar certezas, simplificar, anticipar y recaudar conforme a la capacidad de pago real.
Demetrio V. Benito O. – Perito Tasador. Asesor AMUCH
Es un caso puntual el expuesto, de una profesional muy reconocida y hoy una persona de cuarta edad. Qué bueno que su caso, obviamente injusto y dramático lleve a las autoridades a corregir esta monstruosidad, que afecta a personas conocidas como en este caso, y a miles de adultos mayores invisibles para los mmcs y para los políticos que habitan en Marte