Señor Director:
El proyecto de ley que autoriza la conmutación del cumplimiento de penas desde los recintos penales por los domicilios de los condenados provoca un arduo debate. El senador Fidel Espinoza, hace unos días, calificó a este proyecto como el más “canallesco” que se haya presentado porque también favorecería a reos condenados en Punta Peuco, Colina I y otros similares. La senadora Paulina Vodanovic ha manifestado también su rechazo sobre la base de que los delitos que se indultarían fueron de mucha gravedad. Probablemente así sea, pero tanto el uno como la otra olvidan cómo llegó a la violencia a Chile. Fue en 1967 cuando el partido en el cual milita el senador Espinoza y del cual la senadora Vodanovic es presidenta, esto es, el Partido Socialista, proclamó en su congreso de Chillán que “La violencia revolucionaria es inevitable y legítima… Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento… «. Las formas pacíficas o legales de lucha (reivindicativas, ideológicas, electorales, etc.) no conducen por sí mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada”. El partido del senador Espinoza y de la senadora Vodanovic, el Partido Socialista, declaró así, en Chile, la guerra civil.
Es muy legítimo que ambos senadores y sus camaradas acusen a otros por la comisión de delitos, pero sería mejor si, antes, reconocieran la responsabilidad de su propio partido en el origen de la violencia en Chile. Porque si nuestras Fuerzas Armadas y de Orden se vieron obligadas a intervenir en 1973 fue precisamente para evitar la guerra civil a la que nuestro país era conducido por las fuerzas en ese entonces en el poder, con el Partido Socialista a la cabeza. Y cuando se llama a las armas a resolver un conflicto, nadie puede extrañarse de que se produzcan consecuencias muy lamentables. Por eso, hoy debemos sacar conclusiones de esos hechos y nunca más recaer en un gobierno socialista como el de entonces. Entretanto, proceder a estudiar caso a caso la situación de los uniformados condenados por los sucesos de 2019, teniendo presente que se vieron obligados a salir a la calle para enfrentarse a grupos violentistas que pretendían subvertir totalmente el orden público chileno. No puede ser que esos violentistas hayan recibido indultos de parte del gobierno anterior y que esos indultos se nieguen a los que entonces actuaron en defensa del orden y de la paz social.
Gonzalo Ibáñez S.M.
Los militares y carabineros condenados en causas de derechos humanos deberían ser indultados y dejados en libertad o, en el peor de los casos, en libertad condicional. Ello, porque son inocentes de los delitos que les han sido imputados, están libres de culpa o exentos de responsabilidad criminal; y porque han sido condenados vulnerando sus derechos humanos al debido proceso y a la igualdad ante la ley, sobre la base de ficciones jurídicas o por sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes, y sin pruebas que acrediten, más allá de toda duda razonable, que realmente cometieron el hecho punible y que hayan tenido una participación culpable y penada por la ley.
En Chile solo pueden ser calificados como “crímenes de lesa humanidad” los hechos tipificados como tales en los artículos 1º a 9º de la ley 20.357 cometidos a contar de la fecha de su entrada en vigor, el 18 de julio del año 2009.
No hay militares condenados por crímenes o delitos de lesa humanidad. Todos los condenados lo han sido por delitos comunes tipificados en el Código Penal; delitos que prescriben según las normas de ese mismo Código.
En Chile se ha criminalizado a quienes actuaron en legítima defensa de la nación y se ha glorificado a quienes ejercieron la violencia revolucionaria a fin de instaurar una tiranía comunista. Se ha llegado al extremo de erigirle un monumento en la Plaza de la Constitución al principal responsable de la tragedia que ha emponzoñado a nuestra patria.
Para los causantes de la tragedia son los honores y las indemnizaciones y, para los militares, la ignominia y el paredón.
Los militares son las víctimas sacrificiales de todos los pecados cometidos en una época trágica y turbulenta, con las que tratan de esconder y de lavar sus culpas los políticos que exacerbaban el odio y la lucha de clases; que predicaban y practicaban la violencia como un medio legítimo para alcanzar el poder; que pretendían instaurar en Chile un régimen totalitario marxista al estilo cubano; que destruyeron la economía y la democracia; que condujeron a Chile a la anarquía y desataron una situación de guerra civil y que son los grandes responsables del quiebre del orden institucional y de los dolores que sufrieron sus seguidores.
Lamentablemente, los militares han recibido “el pago de Chile”. La sociedad chilena y la élite política, económica y social han dado sistemáticamente la espalda a quienes prestaron tan invaluables servicios. La mayoría espera que sigan muriendo ancianos, enfermos, agonizando y en la más completa indefensión; lo que constituye una vergüenza y una traición.
Los juicios seguidos contra los militares son mascaradas que tienen como objeto condenarlos sea como sea.
Las sentencias judiciales que condenan a los militares son antijurídicas, pues han sido dictadas en fraude a la ley. Los jueces, mediante interpretaciones engañosas, artificiosas y antojadizas eluden normas aplicables y aplican otras no procedentes; y dictan sentencias arbitrarias, absurdas e inicuas; que condenan por “ficciones jurídicas” o delitos imaginarios y que no aceptan las pruebas que exculpan a los imputados.
Chile y los chilenos deberían estar agradecidos de los militares que evitaron una guerra civil, que nuestra patria cayera bajo el yugo de una tiranía comunista y que —con la cooperación de distinguidos profesionales civiles— reconstruyeron la economía y restablecieron la democracia, el orden y el Estado de derecho que habían sido destruidos por Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular; y que entregaron a los nuevos gobernantes un país en pleno auge, cuyo estado floreciente nadie discutía.
Son muy pocas las naciones en el mundo que, tras vivir tragedias parecidas a la nuestra, han persistido durante más de cinco décadas en mantener vivos los odios y en hurgar obsesivamente en las heridas del pasado, obstaculizando e invalidando todo intento de acercar los espíritus en torno a la construcción del mañana.
Lamentablemente la corrupción judicial de jueces que —cometiendo el delito de prevaricación— fallan contra leyes expresas y vigentes, inquieta a muy pocas personas. Sobre ello prácticamente nadie habla. La sociedad guarda silencio, en general por ignorancia. Y la dirigencia política también guarda silencio, pero este silencio es doloso.
Increíblemente, habiendo transcurrido más de cincuenta años desde el desastre de la Unidad Popular, el odio sembrado en esos años sigue prevaleciendo.
El odio y la búsqueda de venganza no ayudan a la reconstrucción del tejido social y a lograr la necesaria unidad nacional.
Deberíamos aprender la lección que nos diera el almirante Jorge Montt Álvarez quien, como presidente de la República y con gran prudencia política, dictó cuatro leyes de amnistía al término de la dramática y sangrienta Guerra Civil de 1891; una vía de reconciliación política con la que dicha guerra fue clausurada jurídicamente.
Adolfo Paúl Latorre
Muy de acuerdo con ambos
Excelente punto marcado por Don Adolfo Paúl en un tema que ha castigado la vida de centenares de soldados , marinos, aviadores y carabineros que en virtud de sus condiciones de tales, se vieron obligados, según su deber mandaba, combatir la violencia revolucionaria de la izquierda y hoy pagan culpas de una clase política incapaz de solucionar el conflicto social creado por una ideología antidemocrática
100% de acuerdo.
Excelente opinión de Adolfo Paul Latorre ,no puedo estar más de acuerdo .