Señor Director:
Restituir 385 mil hectáreas de «vocación agrícola» (una quinta parte del suelo cultivado del país, según datos Odepa) e indultar a los condenados por “reivindicaciones territoriales” mapuche sería la propuesta de dos integrantes de la “Comisión por la Paz y el Entendimiento” que está próxima a presentar su informe final.
Las aspiraciones se sustentan en que tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han establecido que la propiedad colectiva de los pueblos originarios tiene prioridad sobre la propiedad individual, que la cuantía de la indemnización en casos de expropiación con fines reivindicatorios está limitada por el interés general considerando el valor comercial sólo como una “referencia” y que el pago al expropiado no es necesariamente inmediato. Se agrega que, recientemente, la propia CIDH condenó a Chile a pagar US$3 millones a un grupo de comuneros por «criminalizar su protesta» en «tomas pacíficas», a pesar de que fueron condenados por usurpación y asociación ilícita en tribunales nacionales.
Las demandas territoriales propuestas resultan inviables bajo nuestra Constitución, que exige un pago al contado, en efectivo y equivalente al daño patrimonial causado. Sin embargo, los comisionados han logrado poner el tema en la agenda nuevamente, perpetuando la incertidumbre en un verdadero “bucle plurinacional”.
Demetrio V. Benito O. – Ingeniero Agrónomo. Perito Tasador.
Fuerza y convicción, a cumplir con nuestra Constitucion, como nos requiere la ocasión