Señor Director:
El año pasado se conmemoraron 50 años del golpe de Estado ocurrido en Chile en 1973, lo que dio espacio para una serie de reflexiones respecto del gobierno de la Unidad Popular y la dictadura y de sus protagonistas. Creo que los chilenos hemos llegado al consenso que la interrupción militar de un gobierno democráticamente elegido jamás es buena, aunque dicho gobierno no lo sea. Las dictaduras jamás son buenas o justas y nadie está a salvo de sufrir sus abusos.
Sin embargo, creo que faltó pensar con profundidad respecto de la principal víctima y objeto de sacrificio de aquel periodo: el pueblo de Chile, la nación de un país es quien siempre paga las consecuencias funestas de los malos gobernantes, sus malas decisiones y de la crueldad de los dictadores y de su falta de respeto por el pueblo. Eso siempre ha sido así a lo largo de la historia, en todo el mundo: Chile, Cuba y Venezuela son ejemplos claros de aquello.
Hoy, bajo la dirección de un gobierno democráticamente elegido, pero bastante malo en gestión a todo nivel, sin autocrítica y tan voluntarista como otros del pasado, los chilenos nos enteramos por la prensa que el gobierno de Gabriel Boric, decidió comprar la casa del expresidente Allende a una senadora y una ministra de Estado con el objeto de destinar dicho inmueble a un museo. La operación, por casi 1.000 millones de pesos contraviene flagrantemente al menos 2 normas constitucionales, lo que acarrearía las respectivas sanciones a quienes participaron en ella.
Varios académicos y abogados importantes de la plaza han señalado que efectivamente la norma constitucional se vulneró porque el contrato de compraventa de inmuebles se perfecciona por escritura pública, la que fue firmada por ambas partes, y el pago del precio sólo es una de las obligaciones que nacen con la perfección del contrato. La infracción es real y debería acarrear la destitución de la senadora Allende y la remoción de la Ministra de Defensa, pero todo el mundo dice que nada de eso pasará.
El verdadero cuestionamiento que desata esto es: ¿Está dispuesto el Presidente de la República a vulnerar el artículo 6 de la Constitución Política por blindar a la familia Allende ante esta infracción? ¿Va a contravenir flagrantemente la igualdad ante la ley por hacer primar sus afectos políticos? ¿Acaso no se da cuenta que él mismo al haber promovido la compraventa de dicho bien se ha puesto en la posición de ser acusado constitucionalmente por infracción a la Constitución a la que le juró lealtad?
Un académico habló de una preocupante ignorancia, otro de banalidad. A mí, como ciudadana de pie, me parece que lo que hay es lo evidente: la convicción de las élites de ser intocables, de estar por sobre la Constitución, incluso. Eso siempre ha sido así a lo largo de la historia en todo el mundo, y siempre es el pueblo el que termina pagando los errores de los malos gobernantes y/o crueles dictadores y pidiendo disculpas cuando los infractores se hacen los ofendidos, cuando fallan, y cuando lo único que tienen en mente es la gloria y una futura estatua, a cualquier costo.
Para un pueblo sin trabajo y sin expectativas jamás se abrirán las grandes alamedas, para Boric sí, con su sueldo vitalicio de expresidente por 15 millones de pesos al mes, se aseguró la vida y el futuro esplendor, antes de los 40 años; el resto de nosotros tendremos que seguir batallando la vida, y financiar su sueldo, como premio a 4 años de una pésima gestión: la guinda de la torta.
Alejandra Rodríguez Ortega