Señor Director:
La gravedad que tiene la ola de terrorismo que aflige a La Araucanía, ejecutada por delincuentes que se han puesto al servicio de la causa independista, del pueblo mapuche, ha motivado un “acuerdo nacional”, convocado por el Presidente de la República, que no es el camino, porque la violencia referida en realidad ha impedido hacer cumplir el Estado de Serecho, generando por ello un grave riesgo para la seguridad nacional.
Por ello, es necesario recordar la evolución institucional que este conflicto ha tenido a partir de nuestra independencia y nuestra transformación en una república independiente y de derecho.
Indispensable es recordar entonces que, con el loable objetivo de consolidar la unidad nacional garantizando con ello la paz social, Bernardo O’Higginis en su condición de Director Supremo, dictó un decreto disponiendo que en el futuro los habitantes de este país, serían considerados como “chilenos” desapareciendo las diversas categorías que entonces regían (mestizos, indígenas, criollos), todo ello con el fin de apoyar y favorecer la unidad nacional facilitando así el dominio jurídico del Estado sobre todos los habitantes y sobre la totalidad de su territorio continental y marítimo. Por tanto, lo que sucede hoy es una grave anomalía que impide controlar el espacio territorial, como lo es La Araucanía. Rota, está igualmente la seguridad nacional privando a sus habitantes del ejercicio básico de sus derechos fundamentales.
La pretensión de los pueblos originarios de constituirse en gobiernos independientes, fue impuesta por diversas organizaciones políticas internacionales, ciertamente con una visión ideológica de izquierda, convocadas a propósito de la celebración de los 400 años desde el descubrimiento de América.
En parte en Chile, se recogió esta pretensión a través de la legislación indígena que dictó el Presidente Aylwin a comienzos de su mandato, que estableció un nuevo trato con singulares beneficios para los pueblos originarios, la población mapuche hasta el presente, los cuales han recibido abundantes donaciones de fértiles tierras en La Araucanía -excepcional beneficio que los demás chilenos no pueden recibir-.
En suma, lo antes recordado nos exige, en primerísimo lugar, recobrar la plena vigencia del Estado de Derecho y restablecer la seguridad nacional gravemente afectada, recurriendo el Gobierno para ello de las poderosas competencias que la Ley Fundamental le otorga. En lo que se refiere a la seguridad nacional nuestras Fuerzas Armadas están convocadas por la Constitución para garantizar su vigencia, apoyo éste muy valioso para la ejecución de la difícil forma de asegurar la paz y el imperio de la Ley en la angustiada Araucanía.